Keiko Fujimori y el pacto territorial: la fractura que define su mandato
Ganó la presidencia con los votos de Lima, la costa norte y el extranjero. Pero su partido carece de estructura en 16 regiones, necesitó una ley a medida para no perder la inscripción y enfrenta unas elecciones regionales donde no tiene candidatos en el sur andino. La advertencia de Belmont no es retórica: es la radiografía de 24 años de descentralización fallida.
Por Qhawaq
El domingo 28 de junio, Ricardo Belmont soltó una frase que no acaparó titulares pero que condensa el problema más profundo del gobierno que asoma: "Si Keiko fuera presidenta, tiene que gobernar en un pacto con el país. Porque si hay 16 regiones que no la aceptan, ¿cómo va a hacer? Sería, en todo caso, la presidenta de Lima y de una parte del norte del país" (La República).
La advertencia no es una figura retórica. Es aritmética electoral.
El mapa partido en dos
Según el conteo de Datum Internacional, Roberto Sánchez se impuso en 16 regiones, mientras que Keiko Fujimori ganó en 9, incluida Lima Metropolitana, además del voto en el extranjero (Gestión).
El resultado oficial dibuja la misma geografía del quiebre. Fujimori concentró su respaldo en Lima, el Callao, la costa norte y parte de la selva baja: en Lima, su votación saltó del 17.9% de la primera vuelta al 63.5% en la segunda. Sánchez, en cambio, arrasó en el sur andino, donde en Puno pasó del 25% al 86.4% (Infobae). En esas mismas regiones del sur, Keiko había registrado en primera vuelta algunos de sus porcentajes más bajos a nivel nacional: 3.9% en Puno, 6.1% en Cusco, 6.9% en Apurímac (IEP).
No es solo una derrota electoral en 16 regiones. Es la constatación de que media geografía nacional no solo no votó por Keiko: votó contra ella.
Un partido sin anclaje territorial
La fractura no es solo de votos. Es de estructura.
Fuerza Popular no presentó candidatos para las elecciones regionales y municipales de octubre en 11 regiones: Amazonas, La Libertad, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios y Puno (La República). En todas ellas, salvo La Libertad, el fujimorismo tampoco tuvo respaldo ciudadano en la elección presidencial.
El vacío es más grave de lo que sugiere la ausencia de listas. A 48 horas del cierre de inscripciones ante el Jurado Nacional de Elecciones, el 18 de junio, Fuerza Popular registraba 0% de avance: de 358 candidaturas esperadas, ninguna estaba inscrita. Todas figuraban en borrador (La República).
Así se gobierna sin interlocutores regionales propios. Sin alcaldes que respondan al partido. Sin gobernadores que ejecuten el presupuesto en sintonía con Palacio. La virtual presidenta tendrá que pactar cada inversión, cada obra, cada decisión con autoridades que le deben su mandato a otras fuerzas políticas o a movimientos regionales que cambian de dueño cada cuatro años.
La ley a medida
Que Fuerza Popular aún tenga inscripción es, en buena medida, producto de una operación legislativa quirúrgica.
El 15 de junio de 2026, el Congreso promulgó la Ley 32657, que modificó la Ley de Organizaciones Políticas para reducir del 50% al 30% el mínimo de regiones donde un partido debe presentar candidatos en las elecciones regionales y municipales para conservar su inscripción (RPP). Con presencia en apenas 10 de 25 regiones, Fuerza Popular era el destinatario directo de la norma. Sin ella, el partido de gobierno habría quedado al borde de la desaparición legal antes incluso de asumir el poder.
La Ley 32657 no fue una reforma pensada para fortalecer el sistema de partidos. Fue un salvavidas lanzado desde el Congreso a la organización que lo controla. Y ese salvavidas, por sí solo, no crea militancia, no instala comités provinciales y no convierte el voto prestado de la segunda vuelta en arraigo territorial.
Dos décadas de transferencias, las mismas brechas
La fractura que reveló el mapa electoral de 2026 es también el certificado de defunción de la descentralización como proyecto nacional.
Veinticuatro años después de la Ley de Bases de la Descentralización de 2002, y pese a años de transferencias crecientes del presupuesto público hacia los gobiernos regionales y locales, las brechas en Cajamarca, Puno, Huancavelica y Ayacucho persisten en niveles de hace dos décadas.
El resultado es un país donde la experiencia de vivir bajo el mismo Estado es radicalmente distinta según el lugar donde se nace. La costa norte y Lima votaron por continuidad; el sur andino votó por ruptura. No es ideología. Es la diferencia entre tener un hospital con stock y una posta sin médico, entre una carretera asfaltada y un camino de herradura, entre el Estado que llega y el que solo aparece en campaña.
Lo que sigue
Keiko Fujimori no es la primera presidenta peruana que gobierna sin una base territorial sólida. Pero sí es la primera que lo hace con un partido que estuvo a un voto del Congreso de perder su existencia legal, sin candidatos propios en la mitad del país y con 16 regiones que apostaron abrumadoramente por su adversario.
La advertencia de Belmont no es un pronóstico. Es una condición de gobernabilidad. Gobernar 16 regiones sin arraigo exige un pacto que no se agota en un gabinete de unidad anunciado ante simpatizantes. Exige transferencias que no se decidan por cálculo político, inversiones que no castiguen a los territorios díscolos, y una presidenta que entienda que la mitad del país que no la votó no es su enemiga: es la mitad del país que tiene que gobernar.