El rescate que quedó a medias: cuando la Policía abandona a los rescatistas en la montaña

La promesa que no aterrizó

El viernes 17 de julio, un grupo de guías voluntarios de la Asociación de Guías de Montaña del Perú pasó la mañana rastreando el nevado Huascarán con un dron a más de 5,500 metros sobre el nivel del mar, buscando a los tres montañistas desaparecidos desde el martes 14. Tenían un compromiso explícito: un helicóptero de la Policía Nacional los recogería a las 5:30 p.m. para evitarles una extensa caminata de descenso hasta Huaraz RPP. La aeronave sobrevoló la zona, no aterrizó y se retiró. Los rescatistas bajaron por sus propios medios, y al llegar a Musho cerca de la medianoche tuvieron que pedir por redes sociales que alguien les enviara una combi Ancash Noticias.

No es un detalle logístico menor. Es la diferencia entre que un voluntario regrese a casa con la certeza de que el Estado respalda su esfuerzo o que termine pidiendo auxilio para sí mismo.

Una falla que se repite y que nadie corrige

El presidente de la asociación de guías, Beto Pinto, lo resumió con una frase que debería alarmar a cualquier responsable de seguridad ciudadana: «No es la primera vez, es siempre» RPP. No estamos ante un error puntual de coordinación, sino ante la expresión recurrente de una fractura estructural: el Estado despliega recursos, el Ministerio del Interior dispuso el envío de un helicóptero Diario El Pueblo, pero la cadena de mando no conecta con quienes conocen el terreno. El helicóptero sobrevuela, no aterriza, y los guías que arriesgaron su vida en una montaña donde las temperaturas alcanzan los -30 °C El Comercio quedan librados a su suerte.

El resultado inmediato es que los voluntarios dieron por concluida su participación en la búsqueda Caretas y las familias anunciaron que contratarán equipos privados especializados El Comercio. El mensaje es claro: cuando el Estado incumple, el ciudadano paga dos veces, con sus impuestos y con su bolsillo, para hacer lo que las instituciones públicas debieron garantizar.

La transición no es coartada

El episodio ocurre a diez días del cambio de mando presidencial Andina. Se habla de reconciliación nacional y de un gabinete plural, pero los problemas operativos del Estado no esperan a que se complete el traspaso. Tres ciudadanos peruanos, Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas, siguen desaparecidos a más de 6,000 metros de altura desde el 14 de julio El Comercio, y mientras dos gobiernos se pasan la posta, la ventana de supervivencia se cierra.

La coordinación entre la Policía, los gobiernos regionales y la sociedad civil organizada no requiere una reforma constitucional. Requiere protocolos claros, respeto por el conocimiento técnico de los guías voluntarios y, sobre todo, que un compromiso operativo asumido por una institución del Estado se cumpla.

El ciudadano que carga con la cuerda rota

Cada vez que un helicóptero policial sobrevuela sin aterrizar, lo que queda en evidencia no es solo una falla administrativa. Es un Estado que trata a sus voluntarios como recurso desechable y a las familias de las víctimas como gestoras de su propia emergencia. Para un ciudadano común, esto significa que cuando enfrente una situación de riesgo extremo no podrá confiar en que el respaldo comprometido por el Estado se concrete cuando más lo necesite. Significa que la solidaridad de quienes se ofrecen a ayudar se agota frente a una burocracia que no distingue entre un trámite de mesa de partes y una vida pendiendo de un descenso a 5,500 metros de altura. Y significa, en última instancia, que el costo de esa desconexión, en dinero, en agotamiento y en vidas, lo pagará siempre el último eslabón de la cadena: el ciudadano.