El Minjus y la empresa de facturas falsas: la urgencia que corrompe al Estado

La anulación llegó un mes tarde: reacción a la cámara, no a la evidencia

Anular contratos después de que un reportaje destape facturas falsas no es rendición de cuentas: es gestión de la exposición. El Ministerio de Justicia (Minjus) formalizó entre el 20 y el 24 de julio de 2026 tres contrataciones directas por más de S/16 millones para el resguardo de sus locales, sin licitación y a días de la salida del entonces ministro Luis Jiménez Borra RPP. La Sunat ya le había confirmado oficialmente, desde el 30 de julio, que los comprobantes que acreditaban la experiencia de la empresa no existían en su registro RPP. Aun así, el sector esperó un mes: la nulidad se anunció recién el 30 de agosto, horas después del informe de Cuarto Poder Andina. El dato no movió al Estado; lo movió la televisión.

La urgencia que justifica todo, y descontrola todo

La puerta de entrada fue la contratación directa por emergencia, el mismo mecanismo que ahora se repite. Para acreditar experiencia, GZ Perú S.A. presentó constancias de servicios a un policlínico cuya firma fue desconocida por su propio gerente general RPP, y facturas electrónicas (N.° 106 y 109) que no figuran en la Sunat RPP. La investigación periodística no encontró "contrato legalizado, váucher o transacciones bancarias" que sostuvieran esa supuesta experiencia RPP. El resultado: tres contratos de S/4,884,820, S/5,076,990 y S/6,068,325 RPP. Y la salida anunciada reproduce el problema: para no quedarse sin vigilancia, el ministerio cursará órdenes de servicio de emergencia por montos mínimos, contratando personal "de forma directa y uno por uno" hasta una nueva adjudicación directa América TV. La emergencia responde a la emergencia: el control sigue en pausa.

No era una desconocida: el Estado ya le había comprado

GZ Perú no apareció en julio. El registro de contrataciones públicas muestra que desde 2018 acumuló seis adjudicaciones por S/17.6 millones, entre ellas dos contratos con el Instituto Nacional Penitenciario por S/837,000 y uno con el hospital San Juan de Lurigancho por S/748,000 postor.pe. Un proveedor con historial y con antecedentes ahora cuestionados siguió contratando sin que la cadena de administración detuviera el flujo. Mientras tanto, el Congreso evalúa otorgar al Ejecutivo facultades legislativas por 120 días con 66 pedidos, varios de ellos en seguridad y gasto de emergencia El Peruano. El caso GZ Perú es la evidencia que debería citarse en ese debate: el problema no es que al Ejecutivo le falten poderes, es que los controles sobre cómo gasta no frenan a tiempo.

Lo que paga el ciudadano

Cada sol de esos contratos sale del presupuesto público: es plata de impuestos destinada a seguridad que terminó en un proveedor cuya facturación no se sostiene ante la Sunat. El ciudadano paga dos veces: primero con el dinero mal acreditado, y después con la desconfianza de saber que la vigilancia de los locales de justicia estuvo a cargo de una empresa cuestionada mientras los organismos de control llegaban tarde. Anular es correcto, pero insuficiente si no se convierte en denuncia penal, en sanción a quienes firmaron y en un control de contrataciones que no espere a la próxima emisión dominical.