Llamar terroristas a los extorsionadores: la etiqueta que no baja la violencia

Una etiqueta nueva para un problema viejo

Dentro del pedido de facultades legislativas, el Ejecutivo propone crear un marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, con su clasificación y registro, para aplicarles las herramientas excepcionales que hoy se usan contra el terrorismo (El Comercio). La medida se inscribe en una tendencia regional: etiquetar a las bandas como enemigos a combatir, al estilo del modelo de Nayib Bukele en El Salvador (Infobae). El paquete suma, además, la custodia militar del perímetro de los penales (Infobae). La promesa es contundencia; la pregunta es si la etiqueta cambia algo en la calle.

Extorsión y terrorismo no son lo mismo

El problema empieza por el concepto. El terrorismo, en el derecho peruano, supone una finalidad de subvertir el orden constitucional; la extorsión y el sicariato persiguen dinero. Son delitos graves, pero de naturaleza distinta, y el Código Penal ya prevé penas altas para el crimen organizado. Fundir ambas categorías no agrega, por sí solo, un solo policía ni un solo fiscal a la investigación: agrega una calificación. Y el combate al terrorismo tiene, en el Perú, una memoria propia de excesos que conviene no repetir por decreto.

El riesgo de una definición amplia

La historia enseña que una definición amplia de terrorismo no se queda donde se la coloca. Especialistas advierten que ese tipo de marcos abre la puerta a interpretaciones que terminan alcanzando a la protesta social y a la crítica (Infobae). Aprobar una figura tan sensible por delegación de facultades, es decir por decreto y sin el debate específico de un pleno, multiplica ese riesgo: se legisla sobre el límite entre seguridad y libertad sin discutirlo a la luz. Lo que hoy se dirige contra un extorsionador puede mañana aplicarse contra quien marcha.

Qué significa para el ciudadano

Para quien paga un cupo o teme al sicario, lo que importa no es cómo se llame el delito, sino que el que lo comete termine preso y condenado. Y ahí el cuello de botella no es la etiqueta, sino la investigación: la enorme mayoría de denuncias por extorsión no llega a sentencia. Cambiar el nombre del enemigo sin cerrar esa brecha ofrece la sensación de firmeza, no la seguridad. El ciudadano no necesita que al extorsionador lo llamen terrorista; necesita que lo atrapen, lo procesen y lo condenen, con las reglas que ya existen y que el Estado todavía no logra hacer cumplir.