El tope a las tasas de interés que el Gobierno quiere derogar por decreto

Una medida regresiva escondida en un paquete de seguridad

La decisión más regresiva del pedido de facultades que el Ejecutivo envía hoy al Congreso no habla de seguridad ni de emergencias: habla de las tasas de interés. Según el documento al que accedió Gestión, la propuesta modifica el artículo 5 de la Ley 28587 y el artículo 9 de la Ley 26702 para "eliminar las disposiciones vinculadas con los topes a las tasas de interés" que introdujo la Ley 31143. Se haría, además, por decreto legislativo: el Congreso delegaría la facultad y la derogación del tope quedaría lejos de una comisión o de un pleno que discuta, específicamente, cuánto le puede costar a un deudor su crédito.

Lo que protege la ley y lo que se eliminaría

La Ley 31143, vigente desde marzo de 2021, faculta al Banco Central de Reserva a fijar cada semestre una tasa máxima para los créditos de consumo y para las micro y pequeñas empresas, y tipifica como usura cobrar por encima de ese límite, según consta en la sentencia del Tribunal Constitucional que en febrero de 2024 declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad contra la norma. El tope equivale a dos veces la tasa promedio del sistema, de acuerdo con el BCRP, y hoy se ubica en 114.13%. Es un techo alto, pero es un techo: lo que se eliminaría es justamente el punto en el que la deuda deja de ser cara y pasa a ser delito.

El argumento del sector financiero y sus números

Quienes piden derogarlo tienen datos. Comex recuerda que, en 32 meses de vigencia, unos 216,000 usuarios habrían quedado excluidos del crédito formal, y que 580,000 familias (8% de los hogares urbanos) habrían recurrido al crédito informal en 2022, donde la mitad paga una tasa anual superior al 500%. El BCRP ha estimado alrededor de medio millón de personas sin acceso al crédito por el tope, según Gestión. La tesis es que el límite empuja al gota a gota a quien el sistema financiero ya no puede atender.

El problema es que la conclusión no es automática. La Defensoría del Pueblo respondió que eliminar el tope dejaría "en total desprotección" a millones de deudores y que la medida resulta contraproducente para combatir los préstamos informales. Y la evidencia regional no es unánime: en Chile, una reducción de la tasa máxima convencional excluyó a 197,000 deudores entre 2013 y 2015, pero el país mantiene su techo, según el estudio del Banco Central de Chile citado por Comex.

Ya fracasó una vez; ahora se intenta sin debate

No es la primera vez. En junio de 2025 el Pleno del Congreso archivó un dictamen de la Comisión de Economía que buscaba suspender la Ley 31143: solo reunió 52 votos de los 66 que requería, según el Congreso. La diferencia es el camino: entonces se discutió como ley propia y se cayó; ahora viaja oculta entre decenas de medidas de un paquete de facultades, donde el voto por la seguridad termina arrastrando una decisión sobre el costo del crédito.

Qué significa para el bolsillo

Para quien paga una cuota de consumo o para una mype que financia su capital de trabajo, el tope no es una abstracción: es el precio máximo que un banco o una caja puede cobrarle sin que la operación se convierta en usura. Eliminarlo no le garantiza más crédito; le garantiza que, si le prestan, no habrá límite a lo que le cobren. La discusión merece datos, pero también merece luz: decidir por decreto, dentro de un paquete de seguridad y sin un debate específico sobre el bolsillo del deudor, es exactamente la forma en que no se debería tocar una norma que protege a millones de consumidores.