Primer mes de gobierno: 151 homicidios y una política de seguridad sin resultados que mostrar

La promesa que definió la campaña de Keiko Fujimori fue devolver el control del territorio. Su primer mes de gobierno entrega la vara para medirla: entre el 28 de julio, día de su juramentación, y el 24 de agosto, el Sinadef registró 151 homicidios en el país, 114 de ellos (75.5%) por arma de fuego, según el desagregado de La República. Con este dato corresponde evaluar la estrategia de seguridad que el Ejecutivo insiste en profundizar.

Un mes que no rompe la curva

En su primer mes no se quebró la tendencia del período anterior: se mantuvo. Agosto de 2025 cerró con 209 homicidios, el mes más violento de ese año, y julio de 2025 con 185, según Canal N. Entre enero y agosto de 2025 el país acumuló 1,513 homicidios, un promedio cercano a 189 por mes, según América TV. El primer mes de la nueva gestión, con la data del 25, 26 y 27 de agosto aún sin cargar, se mueve en la misma magnitud. La distribución territorial tampoco cambia: Lima concentra 48 de los 151 casos, seguida de La Libertad con 18 y Callao con 17, según La República.

La vara es el Sinadef, y el Sinadef cuenta de menos

Conviene precisar qué mide este número. El Sinadef registra defunciones a partir de los certificados de defunción y no clasifica como homicidio todo lo que la investigación posterior sí identifica. Entre 2017 y 2024, el Sinadef contabilizó 10,312 homicidios mientras el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad registró 21,511 en el mismo período, según La República. En 2024 la tasa fue de 6.1 por cada 100,000 habitantes para el Sinadef y de 10.1 para el CEIC. Traducido: los 151 homicidios son un piso, no un techo; si el subregistro se mantiene, el número real del primer mes es mayor que el que se debate.

La respuesta repite el guion: emergencia y facultades

Frente a este escenario, el Ejecutivo no corrigió el rumbo: lo ensanchó. El 28 de agosto declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, con restricción de la libertad de tránsito, de reunión y de la inviolabilidad del domicilio, y con participación de las Fuerzas Armadas, según La República. El mismo día, el Consejo de Ministros aprobó un pedido de facultades por 120 días con 66 medidas, que incluye emplear a las FF.AA. en el perímetro de los penales y declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas, y que presentaría al Congreso, según El Peruano. Es la misma caja de herramientas con la que se llegó al récord de agosto de 2025: emergencia y despliegue militar.

Lo que está en juego para el ciudadano

Para quien vive en Lima o el Callao, esto no es estadística. Son 60 días más con derechos suspendidos sin evidencia, hasta ahora, de que la medida reduzca los homicidios: el despliegue militar consume recursos públicos y la libertad de reunión y de tránsito queda condicionada. El primer mes muestra que el centro del problema no es la falta de patrullaje sino el arma de fuego: tres de cada cuatro homicidios se cometen con ella. Una estrategia que no ataca el acceso a armas ni el sicariato, y que no se mide contra esta cifra, le pide al ciudadano paciencia sin entregarle, todavía, seguridad.