Odebrecht en reversa: Brasil anula pruebas y el Perú ya cobró S/380 millones

La base se desmorona mientras la caja registra

Este viernes el Perú vivió dos noticias en espejo. El Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las pruebas que su propia justicia remitió al Perú sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a Alejandro Toledo La República. Casi en paralelo, la Procuraduría Pública Ad Hoc difundió que el Estado ya cobró S/380 millones en reparaciones civiles de los casos Lava Jato y proyecta recaudar S/652 millones hacia 2029 Andina. La lectura oficial celebra la recaudación; la lectura jurídica debería preguntarse si esa caja se sostiene sobre una base que el propio Brasil está desmontando.

Lo que Brasil anuló no es un detalle de forma

El ministro José Antonio Dias Toffoli invalidó los archivos extraídos de los servidores Drousys y My Web Day B, usados como evidencia en las investigaciones contra el exmandatario, acusado de la presunta recepción de 35 millones de dólares en sobornos La República. La razón no es nueva: irregularidades en la cadena de custodia durante su obtención en Curitiba, entonces a cargo del juez Sergio Moro La República. Toffoli extendió al caso Toledo la misma doctrina que el Supremo brasileño ya había aplicado al caso de Ollanta Humala La República y declaró la inadecuación de las pruebas obtenidas de esos sistemas y usadas en el acuerdo de lenidad de Odebrecht Canal N. La decisión no tiene efectos automáticos en el Perú: debe notificarse por el DRACI y serán los jueces peruanos quienes decidan si excluyen o no ese material La República. El mensaje, con todo, es claro: la matriz probatoria del caso Lava Jato sigue agrietándose en su país de origen.

La cuenta que se celebra y lo que no se pregunta

La Procuraduría informó que los S/380 millones cobrados provienen de 33 sentencias firmes que impusieron más de S/1,542 millones en indemnizaciones al 30 de junio de 2026 Andina. Proyecta recaudar unos S/76 millones este año y superar S/652 millones al 2029, respaldada en cronogramas de pago de colaboradores eficaces Andina. Son cifras reales y verificables. Lo que falta es el otro lado de la ecuación: cuántas de esas condenas se construyeron, total o parcialmente, sobre los sistemas cuyas pruebas Brasil acaba de declarar inadecuadas. La Procuraduría difundió sus cifras en la misma jornada sin detenerse en el alcance de la anulación. Esa omisión es la noticia.

Lo que esto significa para el ciudadano

Para la persona de a pie, la reparación civil no es un trámite de abogados: es dinero que debía volver al presupuesto y que, en parte, ya volvió. Esos S/380 millones cobrados Andina son, en la práctica, recursos que pudieron financiar obras o servicios que dejaron de hacerse. Si las condenas que sostienen esos cobros se debilitan en su base probatoria, el riesgo no es que gane un acusado: es que el Estado tenga que dejar de cobrar, o devolver, parte de lo que ya contaba como recuperado, y que la impunidad termine pagándose con presupuesto público. La solidez de las reparaciones es, en última instancia, una pregunta sobre el bolsillo de todos.