La economía criminal de La Libertad: más de un tercio del PBI bajo fuego

El crimen ya no es un riesgo externo: es parte del costo de producir

Cuando cerca de un tercio del PBI de una región queda altamente expuesto a la delincuencia, el crimen deja de ser un problema de orden público para convertirse en un componente de su estructura de costos. En La Libertad, el economista Carlos León, de la Red de Estudios para el Desarrollo, calcula que alrededor de la tercera parte del PBI regional está hoy altamente expuesta a las economías del crimen, según Gestión. El mapa es concreto: los otros servicios pesan más del 22% del PBI regional y el comercio más del 10%; en ambos, la extorsión se cobra entre 1% y 2% de los ingresos de pequeños negocios que facturan entre S/15,000 y S/50,000. La construcción, con casi 6.5% del PBI, no paga cupos directos, pero se la obliga a contratar servicios de seguridad o limpieza de empresas montadas por los mismos delincuentes. La minería junto a hidrocarburos, con 7.4% del PBI, tiene una exposición alta estimada en torno al 3%, concentrada en el oro ilegal; el transporte, con más de 6% del PBI, aporta otro 2% expuesto, y el alojamiento y restaurantes, con 2.2%, está casi en su totalidad perjudicado. No se trata de un solo sector grande, sino de un tejido de rubros medianos y pequeños que juntos sostienen el empleo regional.

El secuestro de Trujillo no fue un caso aislado: fue la foto de la minería ilegal

El secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, interceptado en la madrugada del domingo por atacantes con uniformes policiales que asesinaron a sus cuatro acompañantes, no es un suceso excepcional: es la punta de una cadena que conecta Pataz con las calles de Trujillo, según CNN. La víctima se dedicaba a la compra y venta de oro en Pataz, enclave de minería ilegal declarado en emergencia desde febrero de 2024 y renovado con 19 prórrogas, según Gestión. En ese mismo territorio, en abril de 2025, una matanza dejó trece muertos en una bocamina, según CNN.

Más policías y más normas no alcanzan si la caja sigue intacta

La respuesta oficial ha sido, sobre todo, punitiva y normativa, y los datos muestran que eso no basta. Un estado de emergencia prorrogado 19 veces sin que caiga la violencia demuestra que su sola vigencia no garantiza una reducción de la extorsión, el secuestro ni el sicariato, como advierten especialistas citados por Gestión. La delegación de facultades que pide el Ejecutivo puede agilizar la persecución, pero sin inteligencia y sin seguir el dinero de las bandas tendrá un impacto limitado: capturar sicarios es reaccionar; quebrar la caja es prevenir, resume el penalista Carlos Caro ante Gestión. La magnitud lo confirma: entre enero y junio de 2026, el Ministerio Público registró 12,634 denuncias por extorsión y chantaje en el país, y La Libertad es el segundo distrito fiscal con más casos, con 1,435, solo por debajo de Lima Este, con 1,638, según RPP. El problema es económico y financiero, no solo delictivo.

Lo que esto significa para el ciudadano

Al final, la captura se paga dos veces y la factura llega al bolsillo de la gente. Cada cupo cobrado a un comerciante o a un transportista sube precios o cierra negocios; cada punto de ingreso que la extorsión arranca a los pequeños servicios es dinero que no se invierte ni se convierte en empleo. Una región que creció 2.3% en el primer trimestre, por debajo del promedio nacional de 3.5%, según Gestión, está dejando de crecer por miedo y por costos que no figuran en ninguna planilla. El ciudadano de La Libertad no necesita solo más patrullaje: necesita que el Estado quiebre la caja de las bandas y le devuelva a su economía el margen que hoy se lleva el crimen.