Declarar la emergencia en Cajamarca: la minería ilegal que se administra, no se combate

Una emergencia que se repite, no un combate que avanza

El viernes 28 de agosto el Gobierno declaró por 60 días el estado de emergencia en 10 distritos de Cajamarca por el incremento de la minería ilegal y delitos conexos, según el Decreto Supremo N.° 120-2026-PCM. La medida alcanza Encañada, Cachachi, Sorochuco, Huasmín, Hualgayoc, Bambamarca, San Ignacio, San José de Lourdes, Namballe y Bellavista. No es la primera vez: el 12 de abril el Ejecutivo ya había declarado la emergencia por 60 días en 15 distritos de Cajamarca por el mismo motivo. Cuatro meses después se vuelve a girar la misma llave, ahora en un territorio más acotado, como si el problema se pudiera administrar por decreto en lugar de erradicarse.

El termómetro no miente. En julio, cuando la emergencia de abril ya había vencido, el monitoreo satelital RAMI detectó 80.57 hectáreas de zonas mineras junto al río Chinchipe, próximas a San Ignacio y San José de Lourdes, dos de los distritos que ahora regresan a la lista de emergencia. La minería siguió operando después de la medida anterior.

El escudo legal que la propia norma reconoce

El fondo del problema está en el Registro Integral de Formalización Minera. El Congreso amplió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 mediante la Ley N.° 32537, con un censo nacional y un sinceramiento de ubicación que recién se ejecutarán. Mientras tanto, el padrón sigue abierto y sigue operando como coartada: un inscrito puede ampararse en un trámite de formalización aunque extraiga fuera de su coordenada o sin autorización real.

Lo más revelador es que el propio decreto de emergencia lo admite. Su artículo 6 ordena a la Policía detener cuando detecte "simulaciones de procesos de formalización" y controlar el "mal uso o cesión indebida de la inscripción en el REINFO". Es decir, el Estado despliega fuerzas para perseguir lo que su propio marco de formalización permite disimular. Una emergencia que no cierra, depura ni audita el padrón combate los síntomas y deja intacta la enfermedad.

El bosque paga la cuenta

La evidencia ambiental confirma que el problema no se resuelve: se reubica. En Huánuco, la minería ilegal ya destruyó 51 hectáreas de bosque en el sector Maquizapallo desde 2021, y las autoridades evalúan declarar en emergencia Puerto Inca y Yuyapichis ante el avance sobre la Reserva Comunal El Sira. La emergencia corre detrás de la actividad, distrito por distrito, siempre un paso atrás.

Lo que significa para el ciudadano

Para el vecino de San Ignacio o Hualgayoc, la emergencia no es un trámite: es la restricción de su inviolabilidad del domicilio, su libertad de tránsito y su libertad de reunión, derechos que el decreto suspende por 60 días. Ese vecino entrega libertades a cambio de una promesa de control; mientras tanto, la draga sigue removiendo el lecho del Chinchipe y el agua que bebe su familia baja turbia. El gesto simbólico se paga con derechos, no con resultados.

La minería ilegal no se combate declarando emergencias cada cuatro meses ni sumando drones a un padrón que sigue abierto. Se combate cerrando la puerta legal que la protege. Hasta que el Reinfo no se depure de verdad, Cajamarca seguirá en emergencia: administrada, no salvada.