Gratuito en el decreto, inaccesible en el hospital
El Estado peruano acumula planes, decretos y compromisos sobre el cáncer. Lo que no acumula, con la misma velocidad, son mamógrafos, oncólogos ni aceleradores de radioterapia.
Por Qhawaq
En febrero de 2026 el gobierno anunció que los exámenes de detección de cáncer, mamografía, Papanicolaou, antígeno prostático, colonoscopía y otros, serían gratuitos en todos los hospitales del MINSA para cualquier ciudadano con DNI, sin importar si tiene o no seguro. El anuncio fue bien recibido y tiene sentido como política: el diagnóstico temprano es la variable que más mueve la sobrevida. El problema es lo que hay, o no hay, detrás de esa promesa.
Perú tiene 126 mamógrafos públicos para una población objetivo de cerca de cinco millones de mujeres: 62 en la red del MINSA y 64 en EsSalud. Tres regiones no tienen ninguno. Declarar gratuita una mamografía en un hospital que carece de mamógrafo no amplía el acceso; reordena la lista de espera. El resultado lo resume una sola cifra: apenas el 24.26% de las mujeres accede a tamizajes de cáncer de mama.
La brecha no empieza ni termina en la detección. En 19 de las 25 regiones del país no hay equipos de radioterapia. Quien recibe un diagnóstico de cáncer en Loreto, Puno o Madre de Dios tiene, en la práctica, dos opciones: viajar a Lima, con el costo económico y humano que eso implica, o renunciar a ese tratamiento. Ningún plan multisectorial resuelve eso con un decreto.
Esa brecha estructural no desaparece porque exista una respuesta institucional. El Plan Nacional Multisectorial para la Lucha contra el Cáncer 2025-2030 involucra a 12 ministerios, y previó S/ 1,200 millones para 2025; el FISSAL cubre financieramente el tratamiento integral de siete tipos de cáncer de alta incidencia para los asegurados del SIS; antes, el Plan Esperanza ya había establecido la gratuidad del tratamiento oncológico para los más pobres. La arquitectura normativa existe. Pero la infraestructura que debería sostenerla todavía no la alcanza, y la pregunta que el Estado no ha respondido con claridad es cuánto de esos S/ 1,200 millones de 2025 se ejecutó efectivamente: sin ese dato, el presupuesto sigue siendo una promesa, no un resultado.
Los números del diagnóstico son la señal más directa del problema. Entre el 56% y el 60% de los casos de cáncer en el Perú se detectan en etapas avanzadas. Ese porcentaje no es una fatalidad biológica: es la fotografía de un sistema donde la gente llega tarde porque los puntos de detección son escasos, están mal distribuidos o simplemente no funcionan. Y cuando el diagnóstico llega tarde, el tratamiento es más caro, más largo y menos eficaz.
El déficit de especialistas agrava todo lo anterior. El país tiene aproximadamente 1,200 oncólogos, una tasa de 3.5 por cada 100,000 habitantes, muy por debajo de los estándares internacionales. A esto se suma que el 20% de la población no puede costear los medicamentos oncológicos por su costo, incluso cuando el tratamiento está formalmente cubierto. La cobertura financiera en papel no garantiza que el fármaco esté en el almacén del hospital, ni que el paciente tenga cómo llegar a recogerlo.
En oncología pediátrica la situación es más precaria: hay 27 oncólogos pediatras para más de 1,800 casos nuevos de cáncer infantil al año, y solo 2 de ellos trabajan fuera de Lima. Un niño con leucemia en Cajamarca no tiene el mismo Estado que un niño con leucemia en Miraflores.
La lectura de este conjunto de datos no es que el Estado peruano no hace nada frente al cáncer. Hace bastante en términos de diseño de política: planes coordinados, fondos designados, decretos de gratuidad. Lo que hace con mucha menos consistencia es traducir esos compromisos en capacidad instalada: equipos que funcionen, especialistas que estén donde se necesitan, medicamentos que lleguen. Esa distancia entre el anuncio y la infraestructura es la que pagan, con su salud y con su vida, los peruanos que viven fuera del eje Lima-Callao y los que no tienen cómo costear lo que el sistema no cubre en la práctica.
Para saber si la promesa de cobertura universal se está cumpliendo, hay parámetros concretos que observar de aquí a 2027: cuántos días esperan los pacientes entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento en regiones sin radioterapia; qué porcentaje del presupuesto oncológico se ejecuta y en qué partidas; cuántos oncólogos se incorporan a establecimientos fuera de Lima; y si el stock de medicamentos esenciales llega de manera regular a los almacenes regionales. Esos indicadores, más que cualquier decreto, dirán si el sistema está cerrando la brecha o solo administrándola.