Blindaje en el Congreso, balas en la calle: la ley que excluye a la PNP de la justicia ordinaria
La Ley 32735, promulgada mientras un niño de 8 años moría por un disparo policial en Huacho, revela la desconexión entre los privilegios corporativos que el Legislativo protege y la seguridad del ciudadano de a pie.
Por Qhawaq

La ley del blindaje
El lunes 20 de julio de 2026, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la Ley 32735, que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para que policías y militares sean procesados exclusivamente en el fuero militar-policial por los delitos cometidos "en el ejercicio de sus funciones". No la firmó el Ejecutivo: el presidente José María Balcázar dejó vencer el plazo constitucional sin observarla ni promulgarla, y el Congreso la sacó adelante por su cuenta, según La República.
La norma recorta el alcance de la justicia ordinaria sobre el uso de la fuerza. Prohíbe que un efectivo sea procesado a la vez en el fuero común y en el militar-policial por los mismos hechos, y ante cualquier conflicto de competencia obliga a la Sala Penal de la Corte Suprema a dar preferencia a la jurisdicción castrense si los hechos ocurrieron en cumplimiento de funciones. Para la PNP, esas funciones incluyen la prevención, la investigación del delito, el control de identidad, la inteligencia y la vigilancia de fronteras, informó Gestión. Casi cualquier intervención policial, incluida una que termina en disparo, cabe en esa definición.
El caso que la ley empuja al fuero militar
El blindaje ya tiene un costo concreto. En la madrugada del domingo 19 de julio, un día antes de que el Congreso promulgara la ley, un suboficial de la PNP disparó su arma durante una intervención a una mototaxi en Huacho y mató a un niño de ocho años que volvía a casa con su madre. "No era necesario disparar", declaró la madre a Diario Correo. La Policía informó que su Inspectoría abrió una investigación contra el efectivo señalado, Luis Nazario Chumbes: la PNP investigando a la PNP.
Ese caso es justo el tipo de hecho que la nueva ley aparta de la justicia ordinaria. El abogado penalista Mario Amoretti advirtió que la defensa del policía puede invocar la norma recién promulgada para llevar el proceso al fuero militar. "Esta ley es inconstitucional porque la constitución establece como regla general que el fuero ordinario es el que debe conocer este tipo de hechos delictivos, no el fuero policial militar", sostuvo en RPP. Si el reclamo prospera, la Corte Suprema queda obligada a preferir la vía castrense, y la muerte de un civil termina resuelta donde el uniforme juzga al uniforme.
Blindaje adentro, desprotección afuera
Mientras el Congreso protege a quien porta el arma, deja a la intemperie a quien la sufre. Entre enero y junio de 2026, el Ministerio Público registró 12,634 denuncias por extorsión y chantaje, un promedio cercano a 70 por día, según RPP. Esa es la calle que el ciudadano habita: la del cobro de cupos al transportista, la de la amenaza al comerciante, la del delito que no cede. El Estado legisló con urgencia, pero para acotar el juzgamiento de sus agentes, no para contener las balas que caen sobre la gente.
La paradoja es esa asimetría. El mismo poder que en pocas semanas reúne los votos para blindar a la PNP frente a la justicia común no muestra la misma diligencia frente a las 12,634 extorsiones del semestre. Al ciudadano se le pide confianza en la autoridad y, a la vez, se le retira la garantía de que esa autoridad responderá ante la justicia ordinaria cuando se exceda.
Cuando el poder se protege primero
La seguridad ciudadana no se construye blindando a quien dispara, sino sometiéndolo al mismo rasero que a cualquiera. Una institución que reclama confianza no puede pedir, al mismo tiempo, que sus faltas se juzguen puertas adentro. Cuando el poder legisla primero para cuidarse a sí mismo, el mensaje que llega a la calle es que hay dos varas: una para el que porta uniforme y otra para el que solo lo ve pasar.
Para la familia del niño de Huacho, y para los miles que denunciaron una extorsión este año, la ley del blindaje no es un debate jurídico abstracto. Es la distancia, cada vez más ancha, entre un Congreso que se ocupa de los suyos y una calle que sigue esperando que alguien la proteja.