El Defensor del Pueblo bajo investigación fiscal: las pesquisas que rodean a Josué Gutiérrez

La paradoja de fondo: quien debe vigilar los derechos está bajo la lupa fiscal

La Defensoría del Pueblo nació para ser el contrapeso que alza la voz cuando el Estado maltrata a un ciudadano; hoy es ella la que debe rendir cuentas ante el Ministerio Público. Josué Gutiérrez llegó al cargo en mayo de 2023 con los votos de Fuerza Popular y Perú Libre, tras haber sido asesor parlamentario de Perú Libre y abogado de Vladimir Cerrón El Comercio. Desde entonces, la gestión no dejó de contratar y ascender personal mientras crecía, en paralelo, un expediente de pesquisas en su contra. La paradoja no es anecdótica: el órgano que debería frenar los abusos del poder aparece hoy como el objeto mismo de la sospecha.

Tres frentes, un mismo patrón: designaciones y órdenes de servicio bajo cuestionamiento

El patrón no es un caso aislado, sino una cadena de designaciones que el Ministerio Público viene revisando. En mayo de 2026, la Fiscalía Anticorrupción abrió investigación por negociación incompatible contra la designación de Betbiary Díaz Coral como jefa del Programa del Derecho a la Salud, firmada por el propio Gutiérrez mediante la Resolución Administrativa 097-2024-DP; pese a ello, en junio de 2026 la ascendió El Comercio. En el expediente, el jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, José Flores Centurión, habría consignado que Díaz Coral tenía 3 años, 2 meses y 15 días en un cargo cuando los documentos solo acreditaban 7 días El Comercio.

Un segundo frente toca seis órdenes de servicio emitidas entre 2023 y 2024 a favor de Ayrton Carretero por un pago global de S/139,500; en marzo de 2025, Gutiérrez lo designó Asesor I de la Defensoría. La Procuraduría pidió una reparación civil solidaria por S/139,500, pero el 10 de julio la fiscal July Rosales requirió el sobreseimiento, y el juzgado aún no resuelve El Comercio.

El tercer frente alcanza al propio Gutiérrez: desde junio de 2024 es investigado por negociación incompatible como asesor externo de la Municipalidad Distrital de San Antonio, junto a la exalcaldesa Marisol Ordóñez. Según El Comercio, el 24 de agosto de 2026 el fiscal José Bustíos propuso archivar por falta de elementos y el 3 de setiembre la Procuraduría Anticorrupción pidió elevar el caso al fiscal superior para formalizar la investigación; el pedido sigue pendiente.

Un historial que no es nuevo: Servir, Contraloría y el antejuicio

Las alertas no llegaron de golpe. En 2023, Gutiérrez pidió contratar a Karina Pérez Salazar, militante de Alianza para el Progreso, como jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, un cargo que pagaba S/13,000 La República. Servir concluyó que no acreditaba la experiencia exigida La República, y la Contraloría la observó en el Informe 019-2023-2-0680-SCE El Comercio. En junio de 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso por el presunto nombramiento ilegal de María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad TVPerú. La rendición de cuentas, en este caso, es un camino de antejuicio que avanza lento mientras la institución sigue funcionando.

Lo que el ciudadano pierde: un árbitro ocupado en su propia defensa

Detrás del expediente hay un costo concreto para la vida cotidiana. Cuando una persona denuncia que un hospital no la atiende, que una municipalidad la maltrata o que su pensión no llega, la Defensoría es una de las pocas puertas gratuitas que tiene para exigir respuesta. Si su titular consume el mandato respondiendo pesquisas y explicando contrataciones, esa puerta se estrecha: los reclamos esperan, la fiscalización se enfría y la confianza en el árbitro se erosiona. La pregunta no es solo jurídica, es práctica: ¿quién defiende a la ciudadanía mientras quien debe defenderla está ocupado defendiéndose a sí mismo?