Venezolanos en Perú: la doble tragedia de un terremoto que golpea dos veces

El miércoles 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela con 39 segundos de diferencia; el más fuerte fue el segundo. Días después, el balance oficial asciende a 1,430 fallecidos y 3,238 heridos (Semana). Los equipos de rescate, con apoyo internacional, siguen retirando escombros en Yaracuy, Caracas y La Guaira mientras se cierra la ventana para hallar sobrevivientes, entre saqueos y una ayuda que llega a cuentagotas; los reportes advierten que la cifra final aún puede subir (El Periódico).

Pero la tragedia no se detiene en la frontera venezolana. En el Perú residen alrededor de 1.6 millones de venezolanos, la segunda comunidad más grande del mundo después de la de Colombia (R4V), y para ellos el terremoto es un segundo golpe: la angustia por los suyos, la urgencia de girar dinero a familias que lo han perdido todo y la perspectiva de que una nueva ola migratoria reabra heridas que nunca terminaron de cerrar.

El doble filo de las remesas

El 43.8% de los hogares venezolanos en el Perú envía remesas a sus familiares, según la última encuesta del INEI a esta población (INEI). Con el terremoto, esos envíos dejaron de ser un apoyo para convertirse en una cuestión de supervivencia. El problema es que los canales de envío y recepción, ya precarios por las sanciones, la inflación y el colapso de la infraestructura venezolana, ahora enfrentan cortes de electricidad, torres de telecomunicaciones derribadas y carreteras fracturadas.

En Lima, la escena se repite en locutorios y agencias de remesas: filas de personas que no saben si el dinero que giran llegará, ni si del otro lado hay quién lo reciba. Para una comunidad donde el 88.6% de los ocupados trabaja en la informalidad (INEI) y apenas seis de cada diez tienen su situación migratoria regularizada (INEI), cada envío cuenta dos veces.

El fantasma de una nueva ola

Un desastre de esta magnitud, en un país que ya atravesaba una emergencia humanitaria compleja, con inflación descontrolada y colapso de servicios básicos, puede empujar a más venezolanos a buscar refugio fuera. Más de siete millones han salido del país en la última década (R4V), y el Perú, por cercanía, redes familiares e inercia de los flujos previos, sería uno de los destinos naturales de cualquier nueva ola. La pregunta no es si llegarán, sino cuándo y en qué condiciones.

Lo que el Perú ya vivió y no debería repetir

La crisis migratoria de 2018-2021 dejó lecciones que el Estado peruano no puede darse el lujo de ignorar. La Defensoría del Pueblo documentó una respuesta inicial improvisada: albergues que colapsaron, un sistema de regularización con cuellos de botella entre el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), y la exclusión de buena parte de los venezolanos de las medidas de apoyo económico durante la pandemia (Defensoría del Pueblo).

A eso se sumó el uso de la migración como arma política. En las campañas de 2021 y 2026, el discurso de mano dura contra la migración irregular ganó terreno y convirtió al migrante venezolano en chivo expiatorio de la inseguridad. La pregunta incómoda es si ese discurso de campaña se traducirá en políticas públicas una vez que el nuevo gobierno asuma el 28 de julio.

Un vacío de liderazgo en el peor momento

Perú está en plena transición presidencial. El Gobierno interino de José María Balcázar termina su mandato en semanas y el de Keiko Fujimori apenas está formando sus cuadros para asumir el 28 de julio. Mientras tanto, el Estado peruano movilizó 14 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela, valorizadas en S/278,406 mediante la Resolución Suprema N.º 189-2026-PCM, un gesto necesario pero pequeño frente a la magnitud de la emergencia y a la ausencia de una estrategia de mediano plazo (La República, RPP).

La Ley 32657, promulgada el 15 de junio, que reduce del 50% al 30% el mínimo de regiones donde un partido debe presentar candidatos para conservar su inscripción, mostró que el Congreso entrante puede moverse rápido cuando le conviene (RPP). La pregunta es si usará esa misma capacidad para preparar al país para lo que viene, o si el cálculo político postergará la respuesta hasta que la emergencia desborde las fronteras.

Lo que el Estado debe hacer

No se trata de generosidad: se trata de previsión. El Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior deben activar protocolos de acogida humanitaria antes de que la ola llegue, no después. La Cancillería y el Banco Central de Reserva deben coordinar con los operadores de remesas para garantizar la continuidad de los envíos. El marco de protección complementaria que ya existe, anclado en el Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones, debe activarse sin los cuellos de botella que colapsaron el CPP.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga al Perú a garantizar derechos fundamentales sin discriminación por origen nacional. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ratificada por el Perú, impone obligaciones de no devolución que son directamente relevantes si la crisis humanitaria venezolana se agrava. Cumplir la norma no es un gesto: es una obligación.

Por último, la coordinación regional, a través de la Comunidad Andina y la Organización de Estados Americanos, puede articular una respuesta compartida. Perú no tiene por qué cargar solo con la presión migratoria, pero tampoco puede fingir que el problema no existe.

Los próximos meses pondrán a prueba no solo la capacidad logística del Estado, sino su memoria. Lo que no se aprendió entre 2018 y 2021 no debería repetirse en 2026. Para el millón y medio largo de venezolanos que ya viven en Perú, el terremoto no es una noticia lejana: es el sonido de un teléfono que no contesta al otro lado de la línea.