Los millones no ejecutados: la prevención de desastres como asignatura pendiente

El patrón que el sismo dejó al descubierto

El sismo del 18 de julio en Junín no necesitó ser de gran magnitud para causar un daño desproporcionado. Con una magnitud de 5.1, dejó cinco fallecidos y más de 2,700 damnificados en la provincia de Chupaca, según el último balance oficial del Indeci. La pregunta inmediata fue por qué un movimiento moderado provocó ese nivel de destrucción. La respuesta no está bajo tierra: está en el presupuesto que nunca se gastó.

La Municipalidad Provincial de Chupaca había ejecutado apenas el 12% de su presupuesto para reducción del riesgo de desastres antes del sismo, según la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. El distrito de Chongos Bajo, donde se ubica el anexo de Pumpunya, la zona más golpeada, alcanzó solo el 31%. No fue imprevisión por falta de diagnóstico: en noviembre de 2025, la propia municipalidad provincial había validado su Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2030 con asistencia técnica del CENEPRED. El papel existía; el dinero también. Lo que faltó fue la ejecución.

Una fractura que va mucho más allá de Junín

Los porcentajes de Chupaca y Chongos Bajo son escandalosos, pero sería un error leerlos como una excepción. La Defensoría del Pueblo advirtió a inicios de 2025, con el año fiscal apenas empezado, que los gobiernos regionales ejecutaban en promedio apenas el 3.4% del Programa Presupuestal 0068, destinado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias. Los gobiernos locales no salían mejor parados: 10.1% de ejecución en promedio.

El cierre de 2025 confirmó que no era un arranque lento sino un patrón. Según el Instituto Peruano de Economía, la ejecución nacional en prevención de desastres cerró el año en apenas el 72%: casi una cuarta parte de los recursos se quedó sin usar. Y no es que sobrara la plata. Para 2026, el Ejecutivo asignó S/ 3,065 millones al Programa Presupuestal 0068, la partida que financia la reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias en los tres niveles de gobierno, dentro de una bolsa de más de S/ 4,200 millones para gestión del riesgo de desastres. Un año antes, la Ley de Presupuesto 2025 había abierto con S/ 5,029 millones para toda la función de gestión de riesgos. Son partidas de distinto alcance, pero apuntan a lo mismo: cada año el Estado reserva miles de millones para prevenir, y cada año una parte duerme sin gastarse. La pregunta no es cuánto hay, sino por qué no se gasta. Responderla es ahora una de las primeras tareas del gobierno que asume esta semana.

El dinero que nunca llega al adobe

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, fue claro al explicar la devastación: en la zona predominan viviendas de adobe y piedra sin refuerzo sismorresistente. Ese dato es conocido desde hace décadas. No estamos ante un fenómeno imprevisible ni ante una falta de recursos: estamos ante una cadena de decisiones municipales, y también regionales, que posterga lo urgente hasta que la emergencia lo convierte en inevitable.

Mientras tanto, más de 3 millones de peruanos viven expuestos a riesgo alto o muy alto de inundaciones y deslizamientos, según el CENEPRED. Son familias que no necesitan otro plan validado ni otro diagnóstico: necesitan que el presupuesto que ya está aprobado se traduzca en muros reforzados, en quebradas limpias, en techos que resistan. Lo que está en juego no es una estadística de ejecución: es la integridad de la vivienda, la vida de quienes la habitan y el derecho a que el Estado cumpla su función antes de que suene la alarma.