Llamkasun como estructura de campaña: trabajadores del programa aportaron a su directora y el Estado no lo detectó a tiempo

La revelación no describe a un funcionario suelto sino a una cadena. El Comercio reporta que al menos seis trabajadores de Llamkasun Perú figuran como aportantes a la campaña de Jessica Tumi, la directora del programa, y que "son casi una docena de trabajadores" cuyos nombres aparecen en los registros oficiales de la ONPE como financistas de su campaña. Los montos aportados van de S/1,000 a S/9,000, según la misma nota. No se trata de un aporte suelto: es una coincidencia repetida entre una misma persona, su puesto en el Estado y la campaña de quien la dirige.

El dinero y las órdenes de servicio

La secuencia más delicada es la de Jean Pierre Ampudia, militante de Alianza para el Progreso: aportó S/8,000 entre el 3 y el 5 de febrero, obtuvo su Registro Nacional de Proveedores el 7 de febrero y recibió contratos por S/12,000 en Llamkasun Perú pese a no tener experiencia previa en contrataciones estatales, según Gestión. El Comercio precisa que nunca había sido proveedor del Estado.

El mismo cruce se repite con otros nombres. Álvaro Pérez, analista de datos vinculado a Llamkasun, financió la campaña de su jefa con dos aportes de S/5,000 y S/3,000 y acumuló 11 órdenes de servicio, según El Comercio. Jorge Campos entregó S/9,000 y S/1,000, según El Comercio, y luego consiguió 11 órdenes de servicio, según Gestión. Lizano aportó S/4,500 y registra 13 órdenes; Gutiérrez, que nunca había trabajado en el Estado, ingresó en 2024 con seis órdenes de servicio y aportó S/4,500, según El Comercio. Canchapoma entregó S/5,000, según la misma nota.

Los montos no son idénticos entre sí, pero dos aportes iguales de S/4,500 y la repetición de órdenes de servicio tras cada contribución dibujan lo que el experto en contrataciones Jorge Trelles describe como una posible "negociación incompatible o delito de colusión", según Gestión.

El ministerio que mira después del reportaje

La reacción llegó recién cuando un dominical cruzó los registros de la ONPE con el Portal de Transparencia. El ministro Juan Sheput anunció que la Oficina de Control Interno investigará de oficio las contrataciones de Llamkasun, según Canal N. Reconoció que las personas mencionadas ya tenían vínculos laborales o contractuales con el programa desde 2024, antes de las elecciones de 2026, según el mismo medio. Y matizó que un aporte político no constituye delito por sí solo: la irregularidad existiría solo si se comprueba un intercambio entre el aporte y la contratación posterior, según Correo.

El problema de fondo no es la militancia. Es que quien depende presupuestalmente de la candidata financió su campaña, y que eso pasó desapercibido hasta el reportaje. Tumi dirige Llamkasun desde el 13 de setiembre de 2023, según El Comercio. Un programa cuyo fin es generar empleo temporal y dinamizar las economías locales, según Gestión, quedó, al menos en apariencia, orbitando alrededor del proyecto político de su directora.

Lo que esto le cuesta al ciudadano

Llamkasun no es un debate entre élites: es la puerta de empleo temporal para quienes menos tienen. Si los puestos y las órdenes de servicio se reparten entre aportantes de campaña, el criterio de acceso deja de ser la necesidad o el mérito y pasa a ser la lealtad política. Eso toca el bolsillo de todos, porque cada orden de servicio se paga con presupuesto público, y toca el derecho de cada persona sin padrino, que ve la fila alargarse mientras el dinero del Estado financia una red de campaña. El ministerio sostiene que varios de esos vínculos son previos a la campaña y que no todo aportante sería trabajador del programa, y esa aclaración debe pesar en cualquier conclusión. Aun así, la investigación que anuncia tiene que responder una pregunta sencilla: si el programa existía para dar trabajo, ¿por qué tantos nombres ligados a él aparecen también financiando la campaña de su directora?