Galarreta, Miguel Torres y la seguridad como botín: la interna que no deja gobernar

El oficialismo puso el candado y hoy se declara sin llave. Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, admitió que "se puede haber cometido un error" al respaldar la norma que fija un mandato de dos años para el comandante general de la PNP, decisión impulsada por Fuerza Popular durante el gobierno de Pedro Castillo La República. La Ley 31570 obliga a designar al jefe policial por dos años, prorrogable por uno más, y solo permite separarlo antes por causales determinadas, como fallecimiento, solicitud de pase al retiro, incapacidad física permanente, faltas muy graves o delitos La República. El ministro del Interior, César Astudillo, lo resumió así: "El Congreso saliente aprobó una ley que impide la remoción del comandante general. Lo impide, lo prohíbe" RPP.

La interna que interrumpe al propio gobierno

La pelea no es por ideas de seguridad, sino por parcelas. El mismo día en que Galarreta exponía la política general del gobierno, el canal del Congreso cortó la transmisión para emitir un video de Miguel Torres, presidente del Senado y del Congreso La República. El Búho describe a ambos, los dos vicepresidentes de la República de la fórmula de Keiko Fujimori, enfrascados en una guerra por cuotas de poder, con Torres acusando a Galarreta de haber copado los cargos del Ejecutivo sin repartir El Búho. En paralelo, la oposición anunció una moción de interpelación contra Astudillo por falta de resultados La República. Con el Ejecutivo y el Legislativo oficialista tirando de la misma cuerda en direcciones opuestas, el sector Interior no tiene una sola línea de mando.

La factura la paga el ciudadano

Mientras se reparten parcelas, la extorsión avanza. Entre enero y junio de 2026 el Ministerio Público recibió 12,634 denuncias por extorsión y chantaje, un promedio de 70 diarias y cerca de tres por hora El Pueblo. El propio Galarreta anunció un paquete con más de 19 millones de soles para la División de Investigación de Extorsiones y prometió que "no vamos a permitir que las organizaciones criminales sigan avanzando mientras el Estado llega tarde" El Men. Pero ninguna inversión rinde si el mando policial queda atado por una norma que el mismo oficialismo quiere derogar y no puede, porque la aprobó su propia bancada. Para el comerciante que paga cupo o el transportista amenazado, la interna se traduce en una respuesta más lenta. La seguridad no se administra como botín de una interna: mientras la coalición decide quién manda, el ciudadano paga con su bolsillo, su tranquilidad y, a veces, su vida.