Keiko divide el paro: la reunión selectiva que desactiva la protesta sin resolverla
El Ejecutivo recibió a un sector de transportistas y estos se desmarcaron de la paralización del 25 de agosto. No hubo acuerdos de fondo: se eligió con quién dialogar y las demandas de seguridad siguen en pie.
Por Qhawaq

Lo que la presidenta logró el sábado no fue una negociación, fue una selección de interlocutores. Keiko Fujimori recibió a un grupo de gremios, entre ellos Transportes Unidos, la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú y la Cámara Operaria de Transporte y Recursos Energéticos Peruanos, y esos dirigentes anunciaron que no acatarán el paro convocado para el martes 25 de agosto (Ojo). El punto está en quién quedó fuera: la Unión Gremial de Lima y Callao, convocante formal de la medida, la mantiene en pie; su firmante Héctor Vargas, de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, la ratificó y sostiene que cuenta con el respaldo de 11 gremios que representan a más del 80% del transporte regular de la capital (RPP; Caretas). La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), presidida por Martín Valeriano, también insiste en el paro (Ojo).
Dos porcentajes autorreportados miden lo mismo: la representatividad
Ambos lados se disputan la cifra de legitimidad. El dirigente José Quispe, de Transportes Unidos, aseguró que los participantes en la reunión representan alrededor del 85% del sector operante (Ojo) y, en otra declaración, que el 85% de los transportistas de los conos norte, sur y este continuará trabajando (El Comercio). Vargas responde con su propio número: más del 80% detrás del paro (Caretas). Son porcentajes autorreportados, sin padrón público ni verificación independiente, y lo que revelan es lo esencial: el conflicto dejó de medirse por demandas verificables y pasó a medirse por a quién se recibe en Palacio.
Las demandas de seguridad siguen sin respuesta formal
La reunión produjo proceso, no resultados. Se anunciaron dos mesas de trabajo, una de regulación a cargo del ministro Rafael Rey y otra de seguridad a cargo del ministro César Astudillo (Ojo; RPP), junto con la promesa de incorporar a los operadores de celulares y al sistema financiero porque "los cupos y las extorsiones vienen por esos canales" (RPP). Nada de eso es un acuerdo firmado: son compromisos verbales. El pliego original de los convocantes, que incluye unidades policiales especializadas, control de comunicaciones en penales y presencia permanente en paraderos de alto riesgo, sigue sin una respuesta formal (RPP). Los convocantes habían condicionado el levantamiento de la medida a ser recibidos; el Ejecutivo respondió recibiendo a otros.
Qué significa para quien depende del bus
Para la persona que el martes necesita llegar a su trabajo o a su centro de estudios, la incertidumbre sigue intacta: no se sabe si habrá servicio, y eso ya no depende del usuario sino de qué gremio logró sentarse en la mesa. La extorsión que motiva la protesta no desaparece con una reunión: se paga en cupos que encarecen las tarifas y en la vida de choferes y cobradores. En enero, un paro de transportistas ya logró paralizar la capital (El Comercio). El gobierno acaba de comprar tiempo, no seguridad. Y un conflicto que se desactiva eligiendo con quién dialogar no se resuelve: se pospone hasta el próximo chofer asesinado.