La protección consular que no llega: peruanos atrapados en Rusia tras falsas ofertas laborales

Pedir a Rusia información que se viene solicitando "desde hace varios meses" no es un triunfo diplomático: es la confesión de que el Estado reaccionó tarde. El canciller Carlos Espá exhortó al gobierno ruso a informar sobre los peruanos que viajaron con falsas ofertas laborales y terminaron en la zona de conflicto con Ucrania, y pidió "que faciliten la repatriación también de los peruanos que pueden haber fallecido en Rusia", según RPP. La escala del daño ya está documentada: la Cancillería reconoce 459 peruanos enlistados, de los cuales 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el ejército ucraniano, de acuerdo con El Comercio. Un exhorto, en ese escenario, llega cuando el problema ya no es prevención, sino recuento de víctimas.

La denuncia que esperó más de un mes

La activación del aparato estatal fue lenta. Según el testimonio de una familiar, las primeras denuncias se presentaron a fines de marzo, pero recién el 1 de mayo las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte abrieron investigación preliminar por trata de personas y trata agravada, según el Ministerio Público. En agosto, los parientes seguían sin ser llamados a declarar: "pusimos nuestra denuncia para que la Fiscalía a fines de marzo haga algo, abra investigación. Sin embargo, hasta el día de hoy no han llamado a nadie", relató una familiar a RPP. Esa brecha de semanas es el terreno en el que opera una red transnacional: tiempo para borrar rastros, mover reclutas y dejar a las familias sin interlocutor.

Hay norma, faltó activarla

No se trata de un vacío legal. El Perú cuenta desde 2023 con un Protocolo Intersectorial para la prevención y persecución del delito y la protección, atención y reintegración de víctimas de trata de personas, aprobado por el Decreto Supremo 007-2023-IN, como publica el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que el caso muestra es que ese instrumento no se activó de manera preventiva: las ofertas prometían bonos de hasta 20,000 dólares y salarios mensuales de entre 4,000 y 5,000 dólares por labores de seguridad, cocina o transporte, señales que debieron encender alertas antes de la salida, según El Comercio. La Cancillería ha sostenido alrededor de 30 reuniones con familiares y logró repatriar a 28 ciudadanos, pero eso confirma el patrón reactivo: atender después de la captación, no evitarla, de acuerdo con RPP.

Lo que esto significa para un ciudadano

Para una familia peruana, la diferencia entre protección activa y reacción tardía se mide en vidas. Hay 114 peruanos desaparecidos y más de un centenar de familias sin noticias, con parientes que reportan heridos hospitalizados y casos de amputaciones sin una fecha de retorno, como recoge RPP. La promesa de 20,000 dólares se convirtió en un contrato de guerra; el "trabajo" terminó en un frente de batalla ajeno. La protección consular no es un trámite administrativo: es el dique entre una oferta engañosa y la integridad de una persona. Mientras el Estado siga exhortando en lugar de prevenir, verificar ofertas y perseguir a los captadores con la misma velocidad con la que operan, el costo lo seguirán pagando los ciudadanos con su seguridad, su salud y, en el peor de los casos, con la vida.