El prófugo que financió la campaña de un diputado: la ONPE registró el aporte, el sistema no lo impidió

Un hombre condenado a seis años de prisión por receptación agravada de dinero y hoy prófugo de la justicia figura en la lista oficial de aportantes de la campaña del diputado Carlos Zegarra Sánchez, de Fuerza Popular por Ica. Se trata de Luis Domehak Torres Reyes, quien en febrero de 2026 cedió un vehículo a la campaña: un aporte en especie valorizado en S/2,000 que quedó registrado ante la ONPE (El Comercio, Correo). Para esa fecha ya pesaba sobre él una condena en primera instancia; la sentencia se confirmó en abril, en última instancia, por la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco (El Comercio).

Torres Reyes no es un aportante cualquiera. La ruta del dinero del secuestro y asesinato de la abogada Flor María Palomino Manturano, en 2022, lo ubicó como destinatario final: retiró personalmente S/10,000 en un banco, parte del dinero sustraído a la víctima (El Comercio, La República). Hasta hoy sigue sin ser ubicado (La República).

El filtro mira una lista cerrada

La pregunta no es solo por qué se aceptó ese aporte, sino por qué el sistema no lo detuvo. El Código Penal prohíbe el financiamiento proveniente de personas condenadas, pero únicamente para una lista cerrada de delitos: contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos y terrorismo (Art. 359-C del Código Penal). La receptación agravada, el delito de quien recibe dinero de origen ilícito, no está en esa lista. Quien maneja plata robada a una víctima de secuestro no calza en el filtro que el propio sistema se impuso.

A eso se suma el tiempo. La ley exige sentencia firme o, al menos, prisión preventiva vigente por esos mismos delitos, y la de Torres Reyes recién quedó firme en abril, después del aporte de febrero (El Comercio). El control llega tarde por diseño: primero se recibe, luego se declara y recién después se verifica.

Un control que llega después de la elección

El aporte no lo descubrió un cruce de bases de datos en tiempo real: lo reveló un reportaje de Cuarto Poder en agosto, meses después de la elección general (El Comercio, La República). El diputado respondió que desconoce al aportante y que no recuerda ese aporte (El Comercio, Correo). Hasta ahora no hubo una respuesta institucional de Fuerza Popular sobre los criterios para aceptar donaciones.

El caso importa ahora. El 4 de octubre se eligen autoridades regionales y municipales (ONPE), y la misma maquinaria de financiamiento que operó en febrero se pondrá en marcha de nuevo. Si el filtro no cambió, el próximo aporte de un prófugo no se detectará antes, sino después.

Lo que esto significa para quien vota

Quien vota no elige solo a una persona: elige una campaña y a quienes la pagaron. Cuando el dinero de origen criminal entra a una campaña sin que el sistema lo impida, la representación queda en deuda con intereses ajenos al ciudadano. Eso se traduce en contratos, puestos y decisiones que se deben a quien financió, no a quien votó. Para el bolsillo y la seguridad de la gente, significa menos control sobre en qué se gastan los impuestos y una señal de que el dinero del delito puede sentarse en la mesa del poder sin tocar la puerta.

La ONPE registró el aporte; la justicia no lo impidió. Que el papel lo muestre todo no reemplaza la capacidad de frenarlo a tiempo.