La muerte de un menor en Manchay: el patrón de violencia estatal que el Perú no logra romper

El cuerpo en la carceleta: un adolescente que entró vivo y no salió

El sábado 13 de junio de 2026, un adolescente de 17 años fue detenido por agentes del Serenazgo y derivado a la Comisaría de Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac, bajo la acusación de presunto robo a una vivienda (El Comercio). Permaneció 48 horas en la carceleta. Sus padres nunca fueron notificados de la detención: se enteraron del paradero de su hijo por los vecinos (El Comercio).

La noche del 14 de junio, el menor fue hallado con heridas de gravedad dentro de la dependencia policial, en un espacio que los propios efectivos llaman "sala de meditación" (La República). Trasladado de emergencia a un centro de salud, se confirmó su fallecimiento. La Policía Nacional informó que el certificado de necropsia consigna "asfixia mecánica por ahorcamiento" con "elemento constrictor cervical" (RPP). El padre rechaza esa versión y denuncia que su hijo fue torturado y que hubo extorsión económica de por medio (La República).

De la FAP a la PNP: el Estado que no se investiga a sí mismo

La muerte del adolescente no puede leerse como un hecho aislado. Hace apenas semanas, una fiscalía especializada en derechos humanos abrió investigación por presuntas torturas dentro de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, en Surco: agresiones físicas, asfixia con agua e inmovilización con cinta adhesiva contra aspirantes. De los 129 jóvenes que ingresaron en febrero, 32 pidieron su baja antes de cerrar el primer mes de formación, un 24% de deserción frente al 14% registrado en 2024 (Latina Noticias). En ambos casos, la constante es la misma: ciudadanos peruanos bajo custodia del Estado que terminan lesionados, humillados o muertos, mientras los mecanismos de control interno llegan tarde, mal o nunca.

El Estado peruano ha sido condenado en cortes internacionales por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Pero esa misma energía fiscalizadora no se aplica con igual rigor cuando las víctimas son ciudadanos del presente y los presuntos responsables visten uniforme.

Seis separados, cero respuestas: la coreografía institucional

El ministro del Interior, José Zapata, informó que seis efectivos, tres oficiales, incluido el comisario, y tres suboficiales, fueron separados temporalmente de sus cargos "para evitar que interfieran en las investigaciones" (La República). La medida es correcta, pero minimalista: la separación temporal no es una sanción, es una precaución procesal.

El 26 de junio, la Fiscalía Superior de Lima Sur derivó el caso a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez (RPP). Que una muerte en custodia policial active un subsistema especializado de derechos humanos confirma la gravedad de lo ocurrido, pero también evidencia que el sistema ordinario no bastaba.

El Colegio de Abogados de Lima solicitó expresamente que la Fiscalía de Derechos Humanos asumiera la investigación ante las "deficiencias en el respeto a los derechos humanos" que el caso exhibe (La República). Mientras tanto, cuando la familia de la víctima protestó frente a la comisaría exigiendo justicia, la Policía la dispersó con bombas lacrimógenas (RPP). La escena es elocuente: el mismo cuerpo que custodiaba al menor usó la fuerza contra quienes pedían explicaciones.

Lo que está en juego: tu seguridad y tus derechos

Cada peruano que entrega su libertad a un agente del Estado, sea en una comisaría, un cuartel o una carceleta municipal, lo hace confiando en que el Estado lo protegerá. Lo que ocurrió en Manchay quiebra ese pacto. Si un adolescente puede morir bajo custodia policial y la primera respuesta institucional es una versión de "ahorcamiento" en una sala de meditación, el mensaje para el ciudadano común es devastador: el poder del uniforme puede más que tus derechos.

El país atraviesa una transición presidencial y está a punto de instalar un nuevo Congreso. Esa ventana política es también una oportunidad para que la representación nacional exija una reforma estructural de los mecanismos de control de las fuerzas del orden: inspectorías con autonomía real, protocolos de custodia para menores que se cumplan, y sanciones que no se limiten a separaciones temporales. Porque el Estado que juzga a otros por violar derechos humanos no puede aplazar eternamente la deuda que tiene con los suyos.