La gracia y el silencio: un nuevo pedido por Pedro Castillo a 33 días del relevo

El 25 de junio de 2026, un expediente de diez páginas ingresó al Ministerio de Justicia. Lo presentó Tomás Soldevilla Guerra, fundador del desaparecido partido Antauro y hombre del entorno de Antauro Humala, y pide la gracia presidencial para Pedro Castillo (Expreso, 28 de junio). No es el primer intento de conseguir la libertad del expresidente: los seis pedidos anteriores, todos de indulto, fueron rechazados. El último, el 10 de junio de 2026 (La República, 17 de junio). Pero este llega a 33 días del cambio de mando, con un gobierno que se despide el 28 de julio y una Comisión de Gracias Presidenciales reconstituida hace apenas 11 días. La combinación convierte un trámite administrativo en dinamita política.

Lo que sí está en el expediente

Pedro Castillo fue condenado el 27 de noviembre de 2025 a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para rebelión, por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 (RPP, 27 de noviembre de 2025). La condena no está firme: la defensa apeló, y esa circunstancia procesal define la figura jurídica que se invoca. No es un indulto, que requiere sentencia firme. Es una solicitud de gracia presidencial, la figura que el artículo 118 inciso 21 de la Constitución reserva para procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria (IDEHPUCP). El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, fue enfático el 26 de junio: "Lo que ha ingresado el 25 de junio es una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales" (RPP, 26 de junio).

El solicitante no es el abogado habitual de Castillo. Carlos Perea, su defensor, había declarado el 10 de junio, tras el sexto rechazo, que no insistirían más en el Perú y llevarían el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (La República, 17 de junio). Quien presenta ahora es Soldevilla, un tercero con vínculos antauristas. No actúa a nombre del exmandatario sino a nombre propio, y su expediente fue difundido por el periodista Beto Ortiz en Willax (Expreso, 28 de junio).

El contraste que alimenta la lectura

El 20 de febrero de 2026, cuando el abogado Walter Ayala presentó el primer pedido de indulto, la presidencia de José María Balcázar Zelada emitió un comunicado tajante: "no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna" (Willax, 20 de febrero). El documento llevaba la firma del mandatario y cerraba con un enfático "¡Nada más!".

Junio trae un silencio distinto. El pedido de Soldevilla está en evaluación. La Comisión de Gracias Presidenciales, el órgano que analiza y propone al presidente, fue completada el 17 de junio mediante la Resolución Ministerial 223-2026-JUS, con cinco miembros presididos por Magno Abraham García Chávarri (La República, 17 de junio). Seis días antes, el 10 de junio, esa misma Comisión había rechazado el sexto pedido. Que un nuevo intento llegue cuando el equipo acaba de renovarse, y que el gobierno no lo descarte de plano como hizo en febrero, abre un espacio que la política llena con velocidad.

No hay evidencia de que el Ejecutivo esté tramando liberar a Castillo. Ningún funcionario ha insinuado siquiera que la gracia vaya a concederse. Pero el silencio no es neutro cuando todo lo demás está cargado.

Por qué un expediente de diez páginas polariza un país

El pedido aterriza en un Perú que todavía procesa la segunda vuelta. Keiko Fujimori ganó la elección con el 50.12% de los votos válidos frente al 49.88% de Roberto Sánchez, una diferencia de poco más de 43,000 votos (CNN en Español, 24 de junio). Sánchez no reconoce el resultado, alega un "beneficio fraudulento" y convocó a una movilización para el sábado 27 (Punchaw 24 de junio). El JNE proclamará al ganador el 3 de julio y el traspaso de mando será el 28 (Punchaw 25 de junio). En ese intervalo, el Congreso saliente aprobó un informe para acusar a Castillo por el caso Perupetro, con los cargos de negociación incompatible y nombramiento ilegal (Punchaw 27 de junio).

Cualquier gesto hacia el expresidente preso se lee, en este tablero, como una provocación. Para el fujimorismo entrante, que asume en 30 días como la antítesis política de Castillo, una gracia presidencial sería una afrenta. Para el sector que aún rodea a Sánchez, sería justicia. Las dos lecturas conviven sin necesidad de que el hecho se consume: alcanza con que el expediente esté sobre la mesa.

Lo que se observa

Este sitio mide, entre otras cosas, la legitimidad del Estado, y hoy esa legitimidad se mide también por cómo se usan las instituciones en las horas de salida. La gracia presidencial es una facultad constitucional legítima: el presidente puede concederla. Pero el momento en que un pedido así se evalúa, o se deja evaluar, dice tanto como la decisión misma.

El gobierno de Balcázar no ha movido un dedo para liberar a Castillo. No hay prueba de que quiera hacerlo. Pero el silencio de junio, contrastado con la contundencia de febrero, deja la puerta entreabierta, y una puerta entreabierta en política no es un accidente: es un mensaje que cada quien lee con sus propios ojos. A 33 días del relevo, con un país que todavía no termina de aceptar quién ganó, hasta un expediente de diez páginas puede convertirse en la mecha de algo que nadie dice estar encendiendo.

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