El Estado esquizofrénico: la Marina destruye embarcaciones mineras mientras el Congreso obliga a formales a contratar informales

El 1 de julio de 2026, la Marina de Guerra del Perú destruyó 19 embarcaciones dedicadas a la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, en Loreto. Diez balsas draga tipo "gringa" y nueve embarcaciones fueron reducidas a escombros en un operativo multisectorial ejecutado en virtud del Decreto Legislativo N.° 1100, que regula la interdicción y represión de la minería ilegal en todo el territorio nacional (Andina, 1 jul 2026). Mientras eso ocurría en la Amazonía, en Lima el Congreso mantenía vivo un proyecto de ley que obliga a los titulares de concesiones mineras formales a firmar contratos de explotación con mineros informales. Si el titular se niega, el Estado firmará por él (Minería & Energía, 22 jun 2026). La contradicción es evidente: la mano derecha del Estado persigue lo que la mano izquierda pretende legalizar.

La mano que destruye: interdicción en el Nanay

El operativo de la Marina no fue un gesto simbólico. La Jefatura del Distrito de Capitanías 5, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales 3 y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, destruyó no solo los cascos de las embarcaciones sino también motores, motobombas, manguerotes, alfombras, bombonas, generadores eléctricos y combustible (Andina, 1 jul 2026). Todo el ecosistema logístico de la extracción ilícita fue desmantelado. La intervención se produjo en los centros poblados de Alvarenga y Puca Urco, en la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable para medio millón de personas en Iquitos (RPP, 21 oct 2025), donde la minería ilegal ha avanzado sin control en los últimos años.

La mano que legaliza: el proyecto que sustituye la voluntad del concesionario

A mediados de junio de 2026, la congresista Silvia Monteza Facho (Acción Popular) presentó un proyecto de ley para crear un "régimen legal excepcional y transitorio" para la minería aurífera. El texto establece que los titulares de concesiones con presencia de mineros informales con Reinfo vigente "celebren contrato de explotación minera a solicitud de estos últimos en un plazo de 60 días calendario" (Minería & Energía, 22 jun 2026). Hasta ahí, un mecanismo de acercamiento entre partes. Pero el artículo 3 del proyecto va más lejos: si el titular se niega a firmar, "el Estado procederá a la ejecución subsidiaria". Traducido: el Ministerio de Energía y Minas firmará el contrato en reemplazo del concesionario, contra su voluntad.

Miguel Ángel Soto, socio del estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero Du & Uría, calificó este punto como "inconstitucional y no resultaría válido" en declaraciones a Gestión recogidas por Minería & Energía (Minería & Energía, 22 jun 2026). No es un detalle técnico: es el corazón del problema. El Estado, que debería garantizar la seguridad jurídica de quien invierte cumpliendo la ley, se convierte en el instrumento para expropiarle ese derecho y entregárselo a quien opera fuera de ella.

Este proyecto no es un hecho aislado. En marzo de 2026, la Comisión de Energía y Minas, presidida por Víctor Cutipa Ccama, de Juntos por el Perú, aprobó un dictamen que agrupa nueve iniciativas legislativas y modifica el régimen de concesiones mineras para eliminar su carácter irrevocable, aumentar las penalidades y reducir los plazos de producción (Cajamarca Agua & Minería, 20 mar 2026). Todo mientras el Reinfo, cuya vigencia fue ampliada hasta diciembre de 2026 (RPP, 17 dic 2025), sigue postergando sine die la formalización real.

Dos brazos, cero política de Estado

La esquizofrenia no es nueva, pero la simultaneidad de estos hechos la vuelve difícil de ignorar. El Ministerio de Defensa despliega recursos, logística y personal para combatir la minería ilegal en aplicación de una norma del Poder Ejecutivo. El Congreso, al mismo tiempo, legisla para que los informales puedan imponerse sobre los formales invocando la mediación, y eventualmente la sustitución, del mismo Estado que los persigue. El país no tiene una política de Estado frente a la minería ilegal: tiene impulsos contradictorios de dos poderes que no conversan entre sí.

Qué significa esto para el ciudadano

Para Iquitos, que se abastece del Nanay, cada operativo de interdicción en el río incide directamente sobre la fuente de agua de medio millón de personas (RPP, 21 oct 2025). Para el pequeño concesionario formal en Madre de Dios o Puno, el proyecto de Monteza significa que su inversión y sus derechos pueden serle arrebatados por el Estado en 60 días si un minero informal con Reinfo lo solicita. Para el ciudadano común, la señal es clara y desalentadora: cumplir la ley no protege; romperla, con la venia del Congreso, abre puertas. La transición de gobierno que se instalará el 28 de julio recibirá, junto con el cargo, una contradicción que ningún discurso podrá maquillar.