El complejo petroquímico de Paita: la promesa de desarrollo que el Estado no ha evaluado en clave ambiental

El anuncio: cifras que seducen, silencios que inquietan

El 26 de junio de 2026, el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, anunció que el puerto de Paita será declarado Zona Geográfica Determinada para la instalación de un complejo petroquímico de desarrollo descentralizado. La promesa es ambiciosa: inversiones por más de US$1,000 millones, fertilizantes para la seguridad alimentaria, empleo y recaudación fiscal para Piura y el norte del país (gob.pe).

El problema no está en lo que el ministro dijo, sino en lo que no dijo. En la nota de prensa del Minem no aparece mención alguna a un estudio de impacto ambiental (EIA), a un proceso de consulta previa con las comunidades de Paita ni a la posición del Ministerio del Ambiente. La declaración de zona determinada se presenta como un hecho administrativo casi resuelto, cuando en realidad es solo el primer paso de un camino que exige, por ley, evaluaciones que aún no se conocen.

Un ecosistema que ya llega herido

La Bahía de Paita no recibe a la industria petroquímica como un lienzo en blanco. Durante más de tres décadas, los efluentes de las empresas pesqueras fueron vertidos al mar sin tratamiento. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha documentado que solo en años recientes, y tras acuerdos de cumplimiento, algunas empresas instalaron sistemas de tratamiento que, según ese organismo, redujeron la contaminación en la bahía (OEFA). Reducir no es revertir: el punto de partida sigue siendo una bahía con décadas de pasivo.

A esto se suma un tejido social frágil: más del 50% de los pescadores artesanales de Paita eran informales en 2020 (APN, septiembre 2020), y en el distrito vecino de Colán se han registrado derrames de petróleo que afectaron a los pobladores de la zona (TVPerú). Instalar un complejo petroquímico sobre una bahía con ese historial sin presentar primero una evaluación ambiental integral es, como mínimo, una omisión que merece explicación.

El patrón que el Perú conoce de sobra

El país tiene un repertorio de megaproyectos que anunciaron desarrollo y entregaron conflicto. Tía María obtuvo un EIA aprobado en 2014, pero el rechazo social lo mantuvo paralizado durante años y el propio Minem reconoció en 2024 que ese estudio se encontraba no vigente (CooperAcción). La lección es clara: el permiso ambiental que se otorga sin participación ciudadana real no protege al proyecto; lo condena a la judicialización y al bloqueo social.

El anuncio de Paita repite el guion: primero se declara la viabilidad, luego, quizás, se evalúa el costo. Pero el orden correcto es el inverso.

Lo que la ley exige y el anuncio omite

La Ley General del Ambiente establece que el aprovechamiento de recursos naturales en tierras de comunidades campesinas y nativas debe adoptar medidas para evitar el detrimento a su integridad cultural, social y económica, y que los procedimientos de consulta se orientan preferentemente a establecer acuerdos con sus representantes (Art. 72 LGA). La Ley de Consulta Previa (Ley 29785) reconoce el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados antes de que se adopten medidas administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, una consulta que, por mandato de la propia ley, está obligado a implementar solo el Estado (Ley 29785).

Lo que está en juego para quien vive en Paita

Para el pescador artesanal que faena en la bahía, para la familia que consume el pescado de esas aguas y para el agricultor del corredor Chimbote-Tumbes que depende de un ecosistema costero sano, la pregunta no es cuántos miles de millones se invierten. La pregunta es si el Estado evaluó primero qué van a respirar, qué van a beber y si alguien les preguntó antes de decidir.

Un complejo petroquímico puede ser una oportunidad de desarrollo. Pero también puede ser una hipoteca ambiental que pague la próxima generación. La diferencia entre ambos escenarios se llama estudio de impacto ambiental, consulta previa y transparencia. Tres palabras que, por ahora, el anuncio del ministro Ayasta no contiene.