El blindaje fiscal del Congreso: seis años para impugnar una ley inconstitucional que ya está gastando
El plazo de caducidad de seis años para las demandas de inconstitucionalidad, combinado con la tradición parlamentaria de legislar sin respaldo presupuestal, crea un incentivo perverso: aprobar hoy y que el control llegue cuando el daño ya sea irreversible.
Por Qhawaq
La cuenta regresiva de seis años
El magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse lo dijo con naturalidad: "se tienen seis años para poder demandar la inconstitucionalidad de las leyes que consideren que han rebasado los contenidos constitucionales" RPP, 19 jul 2026. Lo que presentó como una garantía, "hay mucho tiempo todavía", es, visto desde la ciudadanía, precisamente el problema.
El artículo 99 del Código Procesal Constitucional (Ley 31307) establece que la demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro de los seis años contados desde el día siguiente de su publicación Art. 99 del Código Procesal Constitucional. Seis años equivalen a una legislatura y media. En ese lapso, una ley que genera gasto público sin respaldo puede ejecutarse, comprometer presupuestos futuros y volverse políticamente intocable antes de que el TC emita una sola palabra.
El despilfarro con sello parlamentario
Para entender la magnitud del incentivo perverso, basta un botón. En marzo de 2026, el Consejo Fiscal alertó que solo en las últimas tres sesiones del Congreso se aprobaron 11 leyes que generan obligaciones fiscales permanentes sin fuentes de financiamiento definidas. El costo anual estimado: entre S/ 11,400 millones y S/ 15,000 millones Infobae, 27 mar 2026.
No se trata de un episodio aislado. Meses antes, el mismo Consejo Fiscal había advertido que el gobierno de José Jerí promulgó sin observación 26 de las 27 leyes que le remitió el Congreso, y que al menos diez de ellas implican un costo anual estimado de S/ 1,350 millones CanalB, 30 ene 2026. Y Gutiérrez Ticse reconoció en la misma entrevista que el TC no ha resuelto recursos sobre leyes cuestionadas por el Consejo Fiscal porque sencillamente nadie presentó las demandas RPP, 19 jul 2026.
El overruling que llega después del daño
El 10 de julio de 2026, el Pleno del TC emitió una sentencia histórica: declaró que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y estableció como criterio vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en la administración de la hacienda pública TC.gob.pe, 10 jul 2026. Fue un overruling expreso: se corrigió la doctrina que desde octubre de 2022 había flexibilizado la prohibición constitucional y abierto la puerta a que los congresistas legislaran con cargo al tesoro público El Búho, 11 jul 2026.
La sentencia fija requisitos estrictos hacia adelante: fuente de financiamiento identificada, informe de sostenibilidad fiscal del Ejecutivo, coordinación con el MEF. Pero las leyes aprobadas bajo el criterio anterior, docenas de ellas, ya están vigentes. Y para impugnarlas, el reloj de los seis años ya empezó a correr.
El ciudadano paga la cuenta
El blindaje opera en dos tiempos. Primero, el Congreso aprueba la ley populista, un bono, una exoneración, una pensión sin respaldo. Segundo, la ciudadanía o las minorías políticas deben articular una demanda de inconstitucionalidad, un proceso que exige legitimidad activa restringida (el ciudadano de a pie no puede interponerla directamente) y voluntad política.
Mientras tanto, el gasto corre. Cada sol comprometido sin financiamiento es un sol que no irá a hospitales, comisarías o mantenimiento de colegios. O peor: es deuda que pagarán las próximas generaciones con intereses. La advertencia de Gutiérrez Ticse cae en un momento preciso: esta semana, tras el cambio de gobierno del 28 de julio, se instaló el nuevo Congreso bicameral, y con él arranca de cero una legislatura que hereda la misma tentación de legislar primero y financiar después. La pregunta no es si volverán las leyes de gasto sin respaldo, sino cuánto tardarán. Y si esta vez alguien se tomará en serio los seis años antes de que se cumplan.