Los S/1,224 millones para educación: el primer examen fiscal del gobierno entrante
El crédito suplementario del Minedu mejora sueldos docentes y amplía Beca 18, pero una parte se financia con deuda y la Contraloría ya advirtió que el sustento macrofiscal es insuficiente.
Por Qhawaq

El Gobierno aprobó un crédito suplementario de S/1,224.5 millones para el sector Educación. El destino es difícil de objetar: mejores sueldos para docentes universitarios y tecnológicos, dos mil nuevas Becas 18 y proyectos de infraestructura escolar. El problema aparece en el calendario: este gasto lo firma un gobierno que se va y lo ejecutará el que llega. En ese traspaso hay más preguntas que certezas.
El desglose oficial y su parte más abultada
El desglose del Ministerio de Educación detalla que S/71.9 millones se destinan a aumentar las remuneraciones de cerca de 29,600 docentes de universidades públicas a partir de setiembre; S/44.1 millones van para más de 11,900 docentes de institutos tecnológicos; y se asigna un bono único de S/487 para alrededor de 435,000 docentes y auxiliares de educación básica. Hay además S/36.4 millones para financiar 2,000 nuevas plazas de Beca 18, con lo que se superarían las 7,000 nuevas becas en 2026.
El componente más abultado no es el salarial ni el de becas. S/559.5 millones, cerca de la mitad del crédito, van a 238 proyectos de infraestructura ejecutados por gobiernos regionales y locales, más S/50 millones para el programa Escuelas Bicentenario y otros recursos para las universidades de Olmos y Chiclayo. Son obras que, en su mayoría, tardarán años en concretarse.
¿De dónde sale el dinero?
El crédito de educación es parte de un paquete mayor de S/9,596 millones aprobado por la Comisión Permanente del Congreso el 15 de julio, con 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Según la sustentación del MEF, el financiamiento proviene de tres fuentes: S/1,260 millones en bonos del Tesoro Público (es decir, deuda), S/2,900 millones por mayores ingresos de recursos ordinarios y S/5,436 millones de canon, sobrecanon y regalías para gobiernos subnacionales.
La parte que se financia con bonos no es neutra: incrementa el servicio de deuda que el próximo gobierno deberá honrar. Y los mayores ingresos dependen de un contexto de altos precios de exportación y fuerte recaudación que puede revertirse. La solidez del financiamiento es, por tanto, condicional.
Un cheque que cobrará Keiko Fujimori
El crédito suplementario se aprobó a doce días de que el nuevo Congreso inicie funciones y a menos de dos semanas de la toma de mando presidencial. El gobierno saliente deja comprometido un gasto que el gobierno de Keiko Fujimori, proclamada presidenta electa por el JNE, deberá ejecutar y, en varios rubros, sostener en 2027.
La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto no explica cómo este mayor gasto impactará las cuentas fiscales. El mismo informe recoge una alerta del Consejo Fiscal: entre 2021 y 2026 se aprobaron 248 leyes con efectos negativos sobre las finanzas públicas, cuyo costo anual supera los S/36,000 millones. El déficit fiscal anualizado se redujo a 1.3% del PBI a junio de 2026, por debajo de la meta de 1.8% para este año, pero la meta para 2027 es más exigente: 1.4% del PBI. Cada sol de gasto rígido que se añade ahora reduce el margen para cumplirla.
Lo que está en juego para el ciudadano
Para un docente universitario que verá su sueldo incrementado en setiembre, o para un joven de familia vulnerable que accederá a Beca 18, estos S/1,224.5 millones son una diferencia concreta en su calidad de vida. Para un padre de familia en Cajamarca o Loreto, el kit escolar con mochila, cuaderno y polo es un alivio real en la economía del hogar.
El problema no es el destino del gasto (cuesta oponerse a mejores sueldos docentes o a más becas) sino la sostenibilidad de la apuesta. Si en 2027 los ingresos fiscales no acompañan, el nuevo gobierno enfrentará una disyuntiva incómoda: recortar en otras partidas sociales o incumplir la regla fiscal y pagar más caro el financiamiento de la deuda. En cualquiera de los dos escenarios, el costo recae sobre el mismo ciudadano que hoy recibe la buena noticia. La educación peruana necesita inversión, pero también necesita que esa inversión no se desinfle en doce meses.