Prescripción, archivo y una fiscal destituida: tres casos que no llegaron al juicio oral

La prescripción apagó el caso Valer

La única decisión que ya es definitiva llegó por la vía del tiempo. El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo declaró fundada la prescripción de la acción penal a favor del ex primer ministro Héctor Valer Pinto, el exalcalde Antonio Marino Panduro y el exasesor jurídico Roberto Carlos Salazar Maldonado, y ordenó el archivo definitivo del proceso por presunta colusión simple y negociación incompatible, con anulación de sus antecedentes judiciales y policiales. Diario UNO

El juzgado fijó la consumación de los hechos en el 4 de octubre de 2016 y constató que no se incorporó ninguna pericia contable que acreditara un perjuicio patrimonial efectivo, requisito que la norma exige para duplicar los plazos de prescripción. Diario UNO Más de una década después, no habrá juicio sobre si hubo o no colusión contra la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Solo sobrevive la pretensión civil: los procesados podrían afrontar reparaciones económicas al Estado, pero la responsabilidad penal quedó extinguida. Diario UNO

El pedido de archivo en Hinostroza depende aún de un juez

La segunda decisión no viene de un juez, sino del propio Ministerio Público. La fiscal suprema Teresa Wong Gutiérrez solicitó el archivo definitivo del proceso contra el prófugo exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y el expresidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez Benites, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La República

El argumento fiscal es que existen indicios, pero no se encontraron pruebas de los presuntos vínculos ilícitos, por lo que no se podía formular acusación para llevarlos a juicio. La República La solicitud queda en evaluación del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien notificará su decisión próximamente. La República Si prospera, el caso emblemático de la corrupción judicial peruana se cerraría sin juicio oral.

La JNJ destituyó a quien acusaba

La tercera decisión no recae sobre un acusado, sino sobre quien acusó. La Junta Nacional de Justicia destituyó a Diana Canchihuamán Castañeda, la exfiscal del caso Lava Jato que formuló acusación contra los árbitros que presuntamente favorecieron a Odebrecht a cambio de pagos ilícitos y que pidió prisión contra Kundmüller, Cantuarias y Abanto. La República

La falta grave imputada fue haber utilizado en la acusación la declaración de un colaborador eficaz que falleció antes de perfeccionar su acuerdo, es decir, cuando todavía no había sido aprobado por el Poder Judicial. La República Se trata de una sanción disciplinaria, no de un fallo sobre el fondo de la causa contra los árbitros. Pero completa el patrón: en los tres casos, la discusión se desplaza de si hubo corrupción hacia el procedimiento.

Lo que se le escapa al ciudadano

Para quien financia con sus impuestos este sistema, el efecto es idéntico: la demora y la forma se convierten en la mejor defensa. En Valer, el tiempo extinguió la acción penal y solo queda la reparación civil. En Hinostroza, la imputación se desarma por estándar probatorio antes de llegar a juicio. En los árbitros, se sanciona a la fiscal antes de que un tribunal diga si el dinero público fue capturado en arbitrajes.

Cada camino puede ser jurídicamente correcto por separado. Lo que no puede ser es que el ciudadano se quede sin respuesta a la única pregunta que importa: ¿alguien respondió por los recursos del Estado? Si los casos se cierran por prescripción, por pedido de archivo o por sanción a quien acusa, el juicio oral deja de ser el lugar donde se conoce la verdad y se vuelve una etapa a la que casi nunca se llega.