El indulto que nunca llegó: lo que la transición revela sobre la justicia y el poder en el Perú

El indulto a Pedro Castillo no llegó, y la forma en que se cerró la puerta dice más sobre la justicia peruana que el propio desenlace. El 20 de julio, el presidente José María Balcázar estimó que el Ministerio de Justicia emitiría el dictamen sobre el pedido de indulto del expresidente el martes o miércoles, a ocho días del cambio de mando, según El Comercio. El anuncio abrió una pregunta incómoda: ¿iba el gobierno saliente a resolver un asunto de esa magnitud en tiempo de descuento? La respuesta llegó el viernes 24 de julio, cuando la Comisión de Gracias Presidenciales declaró improcedente y archivó la solicitud por unanimidad, según informó el Ministerio de Justicia y recogió El Peruano. El episodio deja una lección que trasciende el trámite: en el Perú, la gracia presidencial ha operado más de una vez como carta política de última hora, y el momento elegido volvió a poner esa tentación sobre la mesa.

Siete intentos y un mismo desenlace

Era el séptimo pedido de indulto para Pedro Castillo, y corrió la misma suerte que los anteriores. En total, el Ministerio de Justicia recibió 17 solicitudes de gracias presidenciales vinculadas al expresidente: 14 presentadas por terceros, que no llegaron a admitirse, y tres suscritas por él mismo, de las cuales dos se rechazaron por no cumplir los plazos y la última se declaró improcedente, según detalló Infobae. El dictamen técnico fue preciso: el pedido, presentado como derecho de gracia, no cumplía los requisitos legales en ninguno de los dos procesos penales que enfrenta Castillo, por conspiración para la rebelión y por organización criminal. En el primero, la investigación ya concluyó y existe una sentencia de primera instancia en apelación, de modo que no hay una etapa de investigación que pueda cortarse; en el segundo, la investigación preparatoria sigue dentro de los plazos legales.

A la vía administrativa se sumó la judicial. El 22 de julio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la prolongación de la prisión preventiva de Castillo por 12 meses adicionales, hasta el 8 de marzo de 2027, según Latina Noticias. El mismo sistema judicial que rechazó el pedido de gracia mantuvo la reclusión.

El indulto como moneda política

El momento elegido para mover el expediente reavivó una discusión de fondo. En el Perú, el indulto presidencial, facultad que el artículo 118, inciso 21, de la Constitución otorga al jefe de Estado y que, según el artículo 89 del Código Penal, suprime la pena impuesta, ha sido usado más de una vez con cálculo político. El caso más recordado es el indulto a Alberto Fujimori en Nochebuena de 2017, concedido por Pedro Pablo Kuczynski días después de sortear un pedido de vacancia en el Congreso; meses más tarde, Kuczynski renunció a la presidencia en medio de esa misma crisis.

Detrás del calendario asoma una tentación recurrente: tratar la gracia presidencial no como un acto de clemencia jurídica, sino como ficha de negociación o gesto de despedida. En los hechos, el archivo del expediente le evitó a la presidenta electa Keiko Fujimori tener que pronunciarse, en sus primeros días de gestión, sobre el pedido de quien intentó disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.

La sombra de la ONU

El pedido de indulto es apenas una capa del caso. El 10 de julio se conoció que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó, en un informe de 19 páginas fechado el 4 de junio de 2026, que la detención de Pedro Castillo es arbitraria, y recomendó su libertad inmediata y una reparación conforme al derecho internacional. El organismo consideró vulnerados los derechos a la libertad, a no ser detenido arbitrariamente, a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada.

Esa distancia entre el sistema judicial peruano y un órgano de la ONU plantea al gobierno entrante un problema que no se cierra con un archivo administrativo. Keiko Fujimori no tendrá que firmar un indulto, pero sí deberá explicar, ante la comunidad internacional y ante la ciudadanía, cómo concilia la prisión preventiva que sostiene la Corte Suprema con un dictamen internacional que califica esa misma detención de arbitraria.

Lo que el ciudadano observa desde la vereda

Para el ciudadano común, el ir y venir del indulto puede sonar a ruido de Palacio, pero no lo es. Esta semana el país instala un nuevo Congreso el lunes 27 y estrena gobierno el martes 28, y el trasfondo es el de siempre: cada vez que un presidente maneja la gracia presidencial como recurso de último minuto, se erosiona la confianza en que la justicia opera con reglas estables e iguales para todos. La prisión preventiva de Castillo fue confirmada hasta 2027 por la misma Corte Suprema que enfrentaría cualquier ciudadano en un proceso penal. Que un expresidente acumule 17 solicitudes de gracia mientras miles de internos sin poder político esperan años por la revisión de sus casos no es un dato menor: retrata cómo el poder distorsiona carriles que deberían ser idénticos para todos.

La transición del 28 de julio no traerá un indulto para Pedro Castillo, pero sí una pregunta que el nuevo gobierno tendrá que responder con algo más que silencio: ¿la justicia en el Perú se administra con criterios técnicos o con calendarios políticos? El examen recién empieza.