El REINFO en los tribunales: Poderosa, Pataz y la formalización minera que se resuelve por sentencia
Una minera formal llevó al MINEM a juicio y obtuvo una orden judicial para acelerar las exclusiones del REINFO en Pataz. El caso expone quién termina ordenando la minería cuando el Estado no lo hace.
Por Qhawaq
La formalización no avanza; el litigio privado sí
Tras más de una década, el REINFO solo formalizó al 2.4% de sus más de 84,000 inscritos, según la PCM. El régimen tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2026, y el propio ministro de Energía y Minas admite que el procedimiento difícilmente concluirá en ese plazo, según RCR. El Estado no ha logrado ordenar la pequeña minería y, en su lugar, es una sentencia la que empieza a hacerlo: Minera Poderosa demandó al MINEM y el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada en parte su demanda, ordenando atender 259 expedientes de exclusión que permanecían pendientes de un total de 343, según Diario UNO. El 8 de setiembre de 2026 el mismo juzgado ordenó la actuación inmediata de la sentencia: el Ministerio debe resolver sin esperar el fin del proceso, según Diario UNO.
Qué significa, en la práctica, ser excluido
La exclusión no es un trámite administrativo: es el apagado de una actividad y la puerta abierta a sanciones. La propia sentencia recoge que el minero excluido debe suspender su actividad y puede quedar sujeto a medidas administrativas, civiles y penales, según Diario UNO. El MINEM ya venía depurando Pataz: identificó 248 inscripciones sin actividad minera y abrió la exclusión de 62, con otras 186 en trámite, según el propio MINEM. La escala regional lo confirma: en La Libertad se depuró a 2,259 mineros de un total de 4,970 inscritos, según Ozono TV, mientras que a nivel nacional el Ejecutivo retiró del padrón a unos 50,000 durante 2025, según RCR.
De quién es el Estado minero
La asimetría define el caso: una empresa formal con abogados y acceso a Palacio, frente a mineros artesanales que litigan su subsistencia con un expediente. La presencia de representantes de Poderosa en Palacio de Gobierno fue reportada públicamente el 24 de setiembre de 2026, según Diario UNO. No se trata de negar a la empresa el derecho a exigir que el Estado cumpla sus plazos; se trata de advertir que, cuando la formalización se resuelve por sentencia, gana quien puede costear el litigio y no necesariamente quien demuestra cumplir la ley.
Lo que el ciudadano paga con todo esto
El conflicto minero no se queda en el expediente: se traduce en empleo, seguridad y tributos. En Pataz la minería artesanal es la economía local, y excluir sin un plan de reconversión empuja a trabajadores hacia la ilegalidad, con la violencia que esa zona ya arrastra. Para el ciudadano de a pie, la factura es doble: menos canon y tributos para el hospital o la escuela de su región, y una inseguridad que crece cuando la minería se desordena. Una formalización que se define en los tribunales no es formalización: es un litigio que, por ahora, ordena la minería a espaldas del orden que el Estado no supo construir.