Maquinaria incautada que no se destruye: el proyecto que debilita la interdicción minera

La propuesta de Juntos por el Perú para impedir la destrucción de maquinaria decomisada se presenta como una garantía procesal. No lo es: es un freno a la única herramienta efectiva que le queda al Estado frente a la minería ilegal. Sin destrucción, la incautación se convierte en un depósito de equipos que terminan reingresando al circuito y la interdicción se vuelve simbólica.

Destruir es lo único que está funcionando

El combate a la minería ilegal se mide en maquinaria destruida, no custodiada. A setiembre de 2025, la Policía Nacional ya sumaba 737 operativos y material interdicto por S/2,604 millones Radio Nacional. El ritmo se acelera: los operativos mensuales pasaron de 62 en 2024 a 86 en 2025 y superan los 130 en 2026, con más de 2,300 intervenciones y decomisos por más de S/7,000 millones en los dos últimos años, según la Comisión de la PCM Gestión. Ese resultado se apoya en una regla del Decreto Legislativo 1100: lo incautado se decomisa y se pone a disposición del Gobierno Nacional, y la destrucción o demolición se reserva para los bienes cuyo decomiso no resulte viable Decreto Legislativo 1100, artículo 7.

El proyecto convierte la incautación en custodia

El corazón de la iniciativa es invertir la regla: en vez de destruir, custodiar. El proyecto de la diputada Yuli Ambrosio modifica el Decreto Legislativo 1100 para que, cuando la maquinaria pesada pueda retirarse sin "riesgos irrazonables", se priorice su traslado, aseguramiento y custodia; la destrucción quedaría solo para los bienes cuyo retiro resulte inviable Gestión. Luego, el Estado podría asignar esos equipos a caminos, trochas o canales Gestión. El texto aclara que no prejuzga la propiedad del bien, pero eso no cambia el punto: en zonas de difícil acceso, retirar un cargador o una draga cuesta mucho más que dejarla inoperativa.

Custodiar no es gratis: lo paga el ciudadano

El proyecto no trae presupuesto; trae gastos. La propia iniciativa reconoce costos de extracción, remolque, combustible, seguridad, depósito y mantenimiento, y dispone que todo se ejecute "sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público" Gestión. Ya en 2023 un proyecto similar, de Eduardo Salhuana, fue observado: la Fiscalía advirtió que no contaba con recursos ni logística para custodiar o trasladar los equipos en lugares remotos Gestión, y los ministerios de Interior, Defensa y Justicia lo cuestionaron; Justicia lo calificó de "no era viable" El Comercio. Un Estado que incauta y no destruye asume un costo que nadie financia, o deja la maquinaria en depósitos que se convierten en vitrinas para su reingreso al circuito ilegal.

Lo que se juega no es un expediente: es tu seguridad

Cada máquina que vuelve al circuito vuelve con mercurio, deforestación y crimen. En Madre de Dios, las imágenes satelitales registran al menos 3,500 artefactos de extracción de oro en un rango de 7,300 km² Gestión. Esa flota no paga impuestos, contamina ríos y financia economías criminales que terminan en extorsión y violencia en las ciudades. Cuando el Congreso debate si custodiar en vez de destruir, no discute un trámite administrativo: discute si el Estado conserva su única herramienta para sacar del circuito a los equipos que depredan territorio y envenenan el agua. Para el ciudadano, la interdicción que destruye es una barrera real; la que custodia es una promesa sin fondos.