El Presupuesto 2027 sale de la comisión con S/266,506 millones y sin costear sus propias reformas laborales

El techo de gasto ya está fijado; la cuenta, no

El dictamen de la Ley de Presupuesto 2027 fue aprobado este jueves 5 de noviembre en la Comisión Bicameral de Presupuesto con 29 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. El techo de gasto queda en S/266,506 millones, un 3.5% más que el Presupuesto Institucional de Apertura de 2026, o unos S/8,945 millones adicionales según la misma fuente. La comisión apunta a que el Pleno lo debata el 15 de noviembre. La velocidad con la que se remite el expediente contrasta con lo que el documento no llega a sumar.

Lo que el dictamen financia y lo que deja sin costear

El texto sustitutorio sí reserva recursos para sostener la planilla del régimen CAS: el ministro de Economía habló de cerca de 5,010 puestos CAS de personal de salud y de modificaciones para otros 226 mil contratos administrativos de servicios. Pero una cosa es pagar puestos CAS y otra, migrar a esos trabajadores al régimen 728. No es verificable que el dictamen contemple una partida para ese pase, pese a que el Congreso ya aprobó migraciones por entidad, como la de Sunarp. Y el costo no es menor: pasar del CAS al régimen 728 o 276 incrementa de forma significativa el gasto fiscal, según advirtió un análisis recogido por Gestión.

Tampoco es verificable que el dictamen incorpore la pensión docente. La ley de pensión digna, Ley 32581, publicada el 15 de abril de 2026, fija para los maestros jubilados de la carrera pública magisterial una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial. El monto difundido de S/3,500.70 no es verificable con las fuentes disponibles. El Presupuesto 2027 debería decir de dónde saldrá ese dinero, y con lo difundido del dictamen no es verificable que lo incorpore.

Un contexto que no admite sumas abiertas

El presupuesto se discute con la inflación de Lima en 5.25% anual a octubre, su nivel más alto desde agosto de 2023, y con ocho meses consecutivos por encima del rango meta del Banco Central, que va de 1% a 3%. Los alimentos y el transporte son los que más suben. En ese escenario, financiar el 90.8% del presupuesto con ingresos fiscales y dejar el 9.2% al endeudamiento exige saber con precisión cuánto costará cada promesa ya aprobada.

La suma que falta es, en el fondo, una promesa

Para el ciudadano, la ausencia de estas partidas no es un detalle técnico. El maestro jubilado que espera su pensión y el trabajador CAS que aspira a un contrato estable saben que una reforma sin costo en el presupuesto se paga después: con recortes en otros servicios, con retrasos o con más presión sobre precios que ya avanzan a 5.25%. Un presupuesto es una promesa de gasto con respaldo. Si la suma de sus propias decisiones no está en el papel, lo que se aprobó es un techo, no una hoja de ruta.