La crisis de Camisea: la planificación que no llega sola

El 1 de marzo de 2026 un solo tubo paralizó al Perú. La ruptura del gasoducto de Camisea, en la estación de válvulas de Saringabeni, kilómetro 43, distrito cusqueño de Megantoni, no fue un sabotaje ni un desastre natural: Osinergmin descartó un atentado y atribuyó el incidente a fallas durante trabajos de mantenimiento. Lo que siguió fue la crisis más grave del sector en las últimas dos décadas, según el entonces ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro. Pero llamarlo accidente es un eufemismo: fue la consecuencia previsible de años de abandono planificador.

Un país que depende de un solo tubo

Lima concentra cerca del 83 % del consumo nacional de gas natural. Las centrales térmicas de Chilca, alimentadas por ese mismo ducto, producen cerca del 50 % de la electricidad del país. Cuando el tubo se rompe, la luz se encarece, los grifos se quedan sin GNV y las industrias se detienen. Durante la emergencia, el costo de sustitución por diésel, cinco veces más caro, representó pérdidas de US$200 millones diarios para el país.

Esa fragilidad no es nueva. El Gasoducto Sur Peruano, concebido para dar redundancia al sistema llevando el gas desde Cusco hasta Apurímac, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, está paralizado desde 2017 tras el escándalo Odebrecht. Tenía un 40 % de avance. Hoy, el Estado peruano gasta US$45 millones anuales en supervisar y mantener ductos abandonados que se oxidan a la intemperie. Mientras tanto, Chile, sin gas propio, tiene cinco ductos que lo conectan con Argentina. La redundancia no es lujo: es seguridad nacional.

Un plan que llega tarde y con preguntas sin responder

Cuatro meses después del colapso, el MINEM publicó el proyecto de Decreto Supremo que regula la Planificación Energética. La iniciativa propone un Plan Energético Integrado de Largo Plazo, balances periódicos y estudios prospectivos. Estará en consulta pública durante 20 días. Su objetivo declarado es reducir la incertidumbre regulatoria y orientar la inversión.

El diagnóstico que lo sustenta es demoledor: entre 2021 y 2025 solo se realizaron tres perforaciones exploratorias en todo el país. Perú tiene 46.2 billones de pies cúbicos de gas natural en recursos prospectivos y 146 áreas sin contratos de exploración o explotación vigentes. Hay gas de sobra; lo que falta es quien lo busque y quien lo extraiga en competencia.

Pero el proyecto del MINEM es un marco normativo, no un plan con metas, plazos y responsables. Define procesos, no resultados. La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿este plan será vinculante o decorativo? La historia reciente no invita al optimismo: la Ley 29970 ya ordenaba un ducto paralelo y una planta de regasificación en Melchorita, y nada de eso se cumplió.

Lo que el plan no dice: diversificar de verdad

El decreto habla de planificación integrada, pero no aborda el problema de fondo: la dependencia de un solo proveedor de transporte. TGP, controlada por el fondo estadounidense EIG, opera el único ducto que conecta Camisea con la costa. Sin competencia en el transporte, la seguridad energética es una ilusión.

Tampoco hay en el proyecto una hoja de ruta para masificar el gas fuera de Lima. Proyectos como Siete Regiones y la Extensión al Sur siguen en el papel. La planificación energética que el país necesita no solo debe anticipar riesgos: debe corregir las asimetrías que hacen que un limeño tenga gas natural en su cocina mientras un ciudadano en Ayacucho o Puno siga cocinando con leña.

Lo que está en juego

Cada día sin redundancia en el ducto, cada año sin Gasoducto Sur, cada permiso ambiental que la OEFA reconoce que puede tardar hasta el triple del plazo legal, se traduce en el bolsillo del ciudadano: electricidad más cara, pasajes de bus que no bajan incluso después de reparado el tubo, y una economía que sigue colgada de un solo tubo. La planificación energética no es un ejercicio técnico para despachos ministeriales: es la diferencia entre que un hogar peruano encienda la cocina con certeza o con miedo cada mañana.