El MAPE no es el Reinfo, dice el Minem: qué cambia en la práctica para la minería informal

El debate sobre la ley MAPE no se resuelve con el nombre. El ministro Guillermo Shinno rechaza que el proyecto sea una ampliación del Reinfo, pero lo que define si la informalidad se reduce o solo se reordena son tres cosas: los requisitos, los plazos y quién fiscaliza.

El Reinfo fue una excepción que no tuvo salida

La diferencia de fondo es simple. El Reinfo permitía extraer mientras se tramitaba la formalización; el régimen ordinario del MAPE, en cambio, exige autorización sectorial y certificación ambiental antes de operar. Esa excepción, pensada como transición, se prolongó una década y dejó un resultado pobre: de los más de 84,000 inscritos, solo el 2.4% completó su formalización, según reconoció el propio Ejecutivo en 2025. Quedan cerca de 30,000 mineros en proceso.

Qué cambia en el papel

El proyecto tiene fecha de cierre. El Reinfo vence el 31 de diciembre de 2026 por la Ley 32537, y el régimen de consolidación del MAPE duraría 18 meses, del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2028, sin nuevos ingresos. En ese lapso los inscritos podrían seguir operando, pero el ministro advierte que no conservarán la misma protección legal.

Cambia también quién fiscaliza. Se crearía el Formape, organismo adscrito al Minem con potestad sancionadora y ventanilla única. Y las plantas de beneficio de 25 toneladas diarias o más serían supervisadas por OEFA, Osinergmin y Sunafil por cinco años, entidades que hoy no fiscalizan la pequeña minería. El Reinfo no tenía ese diente.

Lo que sigue en el aire

El diseño pinta mejor que el Reinfo, pero la ejecución no está garantizada. Los requisitos ambientales concretos se fijarían por decreto supremo, y la viceministra sostiene que cada una de las tres entidades fiscalizadoras tiene dentro de su presupuesto los fondos necesarios, aunque podrían evaluar si requieren más. El exministro Carlos Herrera lo resume: «La capacidad del Estado de poder ejecutar lo que está planteando es lo más difícil de todo».

La semana ofrece la prueba de que el problema no espera. Mientras el Minem defendía el proyecto, la SNMPE alertaba que el Perú exporta oro ilegal casi equivalente al formal, según el IPE, y un operativo conjunto del Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio Público destruía más de 30 campamentos, 12 dragas y 3 motoparcas en Tambopata. En 2025, con cifras al 30 de junio, el Ejecutivo reportó más de 400 personas detenidas por delitos relacionados con la minería ilegal, como tráfico de explosivos, uso de maquinaria no autorizada y comercialización ilegal de insumos químicos.

Lo que está en juego en la calle

La discusión no es solo sectorial. La dinamita que hoy se usa en atentados extorsivos en Lima y Callao, donde van más de 80 conductores asesinados y 160 atentados en lo que va de 2026, según La República (La República), comparte la lógica de un mercado de insumos sin trazabilidad. Una ley que cierre bien esa puerta es seguridad para quien toma una combi; una ley que la deje abierta con otro nombre es más de lo mismo.

Cerrar el Reinfo sin fiscalización real y sin presupuesto solo cambia el membrete. El ciudadano necesita saber que, al final, habrá alguien con recursos verificando de dónde sale cada gramo de oro y cada cartucho de explosivo.