Los ministros en El Salvador: qué se importa del modelo Bukele y qué se deja en el camino

Un viaje autorizado sin precisar qué se busca firmar

El Ejecutivo autorizó el lunes 26 el viaje de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Salud, Luis Dyer, a El Salvador del 28 al 31 de octubre, mediante las resoluciones supremas 305 y 306-2026-PCM (El Comercio). Las normas señalan que los pasajes y viáticos se cubren con el presupuesto institucional de cada cartera, pero no desglosan montos. El contraste es visible: para la comitiva que acompaña a la presidenta sí se detalló un gasto de US$22,660.82 en pasajes y viáticos, la suma de los US$19,616.15 de los siete integrantes del Despacho Presidencial y los US$3,044.67 del embajador de la Cancillería (El Comercio). El propósito oficial es amplio: promover la cooperación en la lucha contra la delincuencia y en el reforzamiento de los sistemas penitenciarios, de salud y educativo (Andina). Ni las resoluciones ni las notas oficiales enumeran convenios por firmar ni contrapartes concretas (Andina).

Una agenda que mezcla dos naturalezas distintas

La visita presidencial, concentrada el 29 y 30 de octubre, incluye el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Hospital Rosales y una escuela emblemática, además de reuniones con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, Educación y Salud (La República). El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, viaja con el encargo de recoger información sobre el sistema penitenciario (La República). Son agendas legítimas, pero de distinta naturaleza: cooperación sanitaria y educativa por un lado, y un modelo de seguridad y cárceles por otro. Juntarlas en una misma gira sin objetivos medibles vuelve difusa la rendición de cuentas.

El modelo que se observa tiene un costo documentado

El atractivo es entendible: en 2024 El Salvador registró 114 homicidios dolosos (El Financiero). Pero ese resultado se apoya en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 que suspende garantías como el derecho a la defensa y amplía el arresto administrativo hasta 15 días (El Financiero). Organizaciones humanitarias han recibido denuncias de al menos 6,889 víctimas de violaciones de derechos humanos y, según Socorro Jurídico Humanitario, se han registrado 376 muertes bajo custodia estatal; el propio Bukele admitió al menos 8,000 detenidos inocentes (El Financiero). No se trata de negar el impacto: se trata de saber qué parte del paquete se quiere copiar, porque hasta ahora no se ha precisado qué parte del modelo se busca adoptar.

Lo que esto significa para el ciudadano

El ciudadano que se mueve en transporte público convive con una extorsión que en 2026 ya dejó más de 80 conductores asesinados y 160 atentados en Lima y Callao (La República). Para esa persona, la promesa de traer el modelo Bukele solo vale si llega con acuerdos concretos, plazos y presupuesto, no como un anuncio de gira. La salud y la educación no deberían ser el contrapeso de una visita de seguridad: merecen agendas propias y verificables. Separar la cooperación sanitaria de la de seguridad es la forma más barata de importar solo lo que funciona y dejar en el camino lo que no.