SíseVe: 2,059 reportes de violencia sexual en colegios y un sistema que registra pero no sanciona
El registro de la violencia sexual escolar funciona; lo que falla es la cadena que convierte cada reporte en investigación, sanción y protección. El caso Liceo Naval es la punta de un sistema que mide el daño sin repararlo.
Por Qhawaq
La información no es el problema: es la consecuencia
El Perú no padece falta de datos sobre violencia sexual escolar. Entre enero y agosto de 2026, la plataforma SíseVe registró 2,059 reportes de violencia sexual en colegios de todo el país, dentro de un total de 11,791 reportes de violencia escolar. De esos 2,059, 1,198 son agresiones entre estudiantes y 861 involucran a personal de la institución educativa contra escolares. Y la serie va al alza: la violencia sexual entre estudiantes pasó de 885 reportes en el mismo periodo de 2025 a 1,198 este año, un aumento de 35%.
El registro, pues, funciona. Lo que no funciona es lo que viene después del conteo.
El cuello de botella está entre el reporte y la sanción
La evidencia disponible sugiere que el Estado mide el daño sin repararlo. En 2022, SíseVe acumuló 1,498 reportes de violencia sexual, pero los órganos de control del Minedu solo resolvieron 84 medidas disciplinarias contra personal educativo: nueve ceses temporales sin goce de remuneraciones y 75 destituciones. El proceso disciplinario puede demorar hasta un año, y muchos casos pierden fuerza en el camino.
Traducido: el Estado contabiliza con precisión el dolor de los escolares, pero no convierte ese conteo en consecuencias.
El Liceo Naval no es la excepción, es la punta del sistema
El caso del Liceo Naval es la punta visible de un sistema saturado, no un hecho aislado. La reacción institucional fue enérgica: seis adolescentes quedaron con internamiento preventivo por cuatro meses y la Fiscalía confía en resolver dentro de ese plazo; la Marina separó a la directora, a un docente y al entrenador. Pero esa es una reacción al escándalo, no un procedimiento estándar que se aplique a los miles de reportes que no salen en los titulares.
Y ni el dato más sensible está a salvo: la Fiscalía tuvo que abrir investigación por la divulgación de la identidad del menor, una señal de que la protección de la víctima sigue dependiendo de cuidados que no siempre se cumplen.
Qué significa esto para una familia
Para un padre o una madre, cada reporte que no termina en sanción es la probabilidad concreta de que su hijo vuelva a compartir aula con quien lo agredió o de que un docente señalado siga frente al salón. Denunciar en un sistema que registra pero no castiga termina desalentando la denuncia misma: si reportar no activa consecuencias, muchas familias dejarán de reportar y perderán la única herramienta que tienen para proteger a sus hijos dentro de la escuela.
La discusión pública se quedó en el escándalo del Liceo Naval. Para una familia, eso se traduce en preguntas prácticas: cuánto tiempo convivirá su hijo con el riesgo mientras dura el procedimiento, si la denuncia terminará en sanción o prescribirá por el camino, y si la identidad del menor quedará protegida. El costo de vigilar, acompañar y volver a denunciar lo asume la familia, no el Estado. Lo que corresponde ahora es medir la cadena completa: cuántos de esos 2,059 reportes derivaron en investigación disciplinaria, cuántos en sanción, cuántos en denuncia fiscal y en cuánto tiempo. Sin ese segundo conteo, SíseVe seguirá siendo un termómetro que describe la fiebre pero no administra el remedio.