«Ser autoritario no es tan malo»: la frase que ordena el debate de facultades en el Senado

La frase no fue un desliz: fue una definición de método

«Ser autoritario no es tan malo» no fue un comentario suelto. La senadora de Fuerza Popular Martha Moyano lo dijo el jueves 15 al responder a la senadora Patricia Iturregui, que había calificado de autoritaria la actuación de su bancada durante el debate del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo (Diario Correo). Y lo completó con una lógica de eficacia: «A veces hay que tomar decisiones y si no tomamos decisiones, no avanzamos, señores, no avanzamos» (RPP). La frase importa porque convierte el disenso en obstáculo: «si dice que somos autoritarios, entonces podemos decir que están obstruyendo, poniendo trabas y obstaculizando el procedimiento o no» (Diario Correo). Así, la autoridad se presenta como sinónimo de avanzar y la objeción, como sinónimo de bloquear.

Detrás del tono hay una disputa por el alcance, no solo por las formas

El fondo es concreto. La Cámara de Diputados aprobó una delegación de facultades por 90 días sobre 20 puntos: 6 de seguridad ciudadana y 14 vinculados al fenómeno El Niño, de un pedido original de 66 ítems y 120 días (La República). El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, precisó qué reclama el Ejecutivo: declarar a las organizaciones criminales nacionales y transnacionales como grupos hostiles para que actúen las Fuerzas Armadas, y asumir el control perimetral y de los ingresos de los penales, dos atribuciones que llamó «centrales para recuperar la seguridad ciudadana» (RPP). También sostuvo que el pedido incluye materias económicas, agrícolas, mineras y de reactivación económica (RPP).

El Ejecutivo presiona con el lenguaje de lo inaudito

Belaúnde calificó la falta de consenso en el Senado como «innecesario e inaudito» y recordó que, desde el retorno a la democracia, los gobiernos que llegaron por voto popular pidieron facultades y las recibieron, mencionando a Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo (RPP). El titular de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, matizó las palabras de Moyano: dijo que se refería a «tener firmeza» y «aplicar la ley y el reglamento», y citó a Rousseau para sostener que el respeto de la ley es una garantía de la libertad (Diario Correo). Pero el mismo Mesía describió el escenario como uno en el que «la fuerza normativa de lo fáctico» desplaza parcialmente al reglamento, en alusión a que los plazos vencieron en Diputados y la propuesta se remitió igual (RPP). El debate quedó suspendido en medio de la falta de consenso (RPP).

No es la primera vez que Moyano asocia autoridad con eficacia

La declaración tiene antecedentes. En la campaña de 2021, cuando era candidata al Congreso por Fuerza Popular, Moyano sostuvo que Keiko Fujimori «sabe cómo poner mano dura para conducir el país» (Exitosa). No se trata de un cambio de posición: es una misma idea según la cual el orden y la decisión valen más que el procedimiento. El problema no es que una legisladora defienda la firmeza; es que la firmeza se invoque precisamente para acortar el debate sobre cuánto poder se delega y con qué controles.

Lo que está en juego no es una palabra: son reglas que tocan la vida diaria

Las facultades delegadas no son un trámite de salón. Los decretos legislativos que resulten podrían cambiar las reglas sobre armas, migración, penales, extorsión, sicariato y hasta el uso de cuarteles de las Fuerzas Armadas para internos de baja peligrosidad (La República). Eso toca la seguridad de un comerciante que paga cupos, los plazos de un proceso, la libertad de un ciudadano y el dinero público que se gasta en cada respuesta. La pregunta útil para el ciudadano no es si «ser autoritario es tan malo», sino si las normas que se deleguen se discutirán con contrapeso y rendición de cuentas, o si el disenso seguirá presentándose como un obstáculo que hay que superar.