Rospigliosi promulga solo: el Congreso se estrena sin pedir permiso al Ejecutivo

El Congreso legisla solo y sin interlocutor

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, no esperó a que el Ejecutivo moviera ficha. El lunes 20 de julio promulgó la ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria, sin que la Presidencia de la República, en manos del interino José Balcázar, la hubiera observado ni promulgado dentro del plazo de 15 días que fija el artículo 108 de la Constitución. La noticia no es solo el contenido de la norma: es el gesto. A una semana de que Keiko Fujimori asuma la presidencia y se instale el primer Congreso bicameral desde 1990, el Legislativo saliente demuestra que no necesita al Ejecutivo para hacer Ley.

Un plazo que venció y una decisión que habla

La cronología es elocuente. El dictamen fue aprobado en segunda votación el 23 de junio con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones. La autógrafa se envió al Ejecutivo, que contaba con 15 días para observar o promulgar. Ese plazo venció sin que Balcázar hiciera ninguna de las dos cosas. El presidente del Congreso simplemente ejecutó la facultad que le reserva la Carta Magna.

El silencio del Ejecutivo es la llave de esta historia. ¿Dejó Balcázar correr el plazo deliberadamente, sabiendo que se trata de una norma impulsada por el fujimorismo, el mismo movimiento que en ocho días ocupará Palacio de Gobierno? ¿O careció de la fuerza política para observarla? En cualquiera de los dos escenarios, el resultado es el mismo: un Congreso que legisla sin contrapeso y un Ejecutivo interino que no frena ni acompaña.

Una ley que amplía el fuero, no solo lo ordena

Lo que Rospigliosi promulgó no es un ajuste técnico. La ley modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para que policías y militares sean procesados exclusivamente en el fuero militar policial cuando se trate de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Como detalló Gestión, en caso de conflicto de competencia la Sala Penal de la Corte Suprema deberá dar preferencia a la jurisdicción militar policial. La iniciativa incluye la cadena perpetua para efectivos que colaboren con bandas criminales, pero su núcleo problemático está en otra parte: en cómo define qué es un «delito de función».

Esa definición es amplia. Para las Fuerzas Armadas, abarca cualquier acto cometido durante acciones militares orientadas al orden interno o en estado de emergencia. Para la Policía, incluye prevención, investigación del delito, control de identidad, inteligencia y vigilancia de fronteras, según informó Correo. Bajo este paraguas, casi cualquier intervención policial o militar podría quedar fuera del alcance de un juez ordinario.

Lo que esto significa para el ciudadano

Para el peruano de a pie, esto no es una discusión de abogados. Significa que si un policía se excede durante un control de identidad, o si un militar se extralimita en un estado de emergencia, el camino para reclamar justicia se empina. La ONU ya había exhortado al Perú a frenar esta ley, advirtiendo que la ampliación del fuero militar policial podría favorecer la impunidad.

Y llega en un país donde nueve de cada diez ciudadanos se sienten inseguros. Donde la confianza en las instituciones que imparten justicia ya es frágil. La promulgación de Rospigliosi es el prólogo de una era bicameral donde el Legislativo promete ser un contrapeso contundente frente al gobierno que arranca el 28 de julio. La pregunta no es si el Congreso usará ese poder. Ya lo hizo, antes incluso de estrenar sus dos cámaras. La pregunta es si alguien podrá frenarlo.