Reniec corrige 38,000 domicilios de electores golondrinos y no hay sanción penal efectiva: el fraude electoral que el Código tipifica pero no castiga

El padrón se puede limpiar; la conducta sigue gratis

La primera línea de una elección no es la votación, sino el padrón. El Reniec restituyó a más de 38,000 ciudadanos que habían registrado un domicilio irregular para votar en otra jurisdicción, la práctica del voto golondrino (La República). La corrección administrativa funcionó: más de 31,000 casos fueron detectados por el propio Reniec y algo más de 6,000 por la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (La República), y todo quedó cerrado antes de que el JNE aprobara el padrón el 6 de junio (La República).

El problema viene después. La directora del Registro Electoral, Milagros Suito, reconoce que "no existe una sanción en la vía penal que se haya dado de manera efectiva" contra quienes incurren en esta práctica (La República). El sistema corrige el dato, pero no castiga la conducta: quien movió su domicilio vuelve a su padrón original sin pagar costo alguno.

Áncash y el dinero público: una migración organizada

El golondrinaje no es una anécdota dispersa. Casi el 40% de las restituciones se concentra en Áncash; le siguen Cusco con 3,878, Huánuco con 3,435 y Arequipa con 3,281, y entre las cuatro regiones suman cerca del 70% de los casos (La República). Las verificaciones abarcaron 59 distritos de 18 provincias en 18 departamentos (La República).

El patrón tiene nombre: dinero. La funcionaria vincula los distritos con golondrinaje a presupuestos altos, varios ligados al canon minero, y precisa que al menos 28 de los 59 distritos tienen entre 1,000 y 5,000 habitantes (La República). Los votos prestados se mueven hacia donde hay caja pública pequeña y fácil de inclinar: no es migración de vecinos, es migración hacia el presupuesto.

El Código tipifica; la práctica absuelve

El vacío no está en la ley, sino en su ejecución. El inciso 8 del artículo 359 del Código Penal castiga a quien "realiza cambio de domicilio o induce a realizarlo a una circunscripción distinta al de su residencia habitual, induciendo a error en la formación del Registro Electoral", con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años (Jurispol). El tipo existe; lo que no existe es una condena que lo haga real.

Ese desfase convierte la integridad del padrón en un problema de diseño institucional. Se verifica, se restituye y se cierra el registro a tiempo para la elección del 4 de octubre (ONPE); pero quien falsea su residencia sabe que la única sanción es volver a su casilla. Un delito que nunca se aplica no disuade: deja la puerta abierta para el siguiente proceso.

Lo que se juega el ciudadano

Para quien vive en un distrito pequeño de Áncash o de Cusco, un voto golondrino no es un trámite ajeno: es una persona que no habita su territorio decidiendo quién administra su canon, su agua o su presupuesto. Cada padrón corregido es un voto que recupera su peso; cada elección sin sanción penal es una invitación a repetir la maniobra.

La limpieza administrativa protege la elección de este año, pero no protege la confianza del ciudadano en que falsear el domicilio tenga consecuencias. A ocho días de las urnas, la pregunta no es si el padrón está limpio, sino cuánto cuesta ensuciarlo.