Pelear actas y pedir "pulcritud": la presión pública sobre los JEE mientras Lima se decide voto a voto

Francis Allison dice estar "peleando actas" y, en el mismo aliento, pide al JNE y a los Jurados Electorales Especiales (JEE) un trabajo "pulcro". La escena condensa el momento: al 94.387% de actas contabilizadas, Renovación Popular registraba 27.789% y Avanza País 26.792%, una diferencia de menos de un punto porcentual que se decide, literalmente, acta por acta.

La vigilancia es sana; la recomendación pública, no

Pedir a los organismos electorales que hagan bien su trabajo no es reprochable: es una expectativa mínima de cualquier candidato. El problema es el lugar y el momento desde donde se formula. Cuando quien está impugnando actas exhorta en televisión a que el JNE y los JEE hagan una "chamba pulcra", el mensaje ya no es solo una exigencia ciudadana: es una forma de condicionar, en la arena pública, a la autoridad que debe resolver esas mismas actas. No es un fenómeno de un solo lado. Rafael López Aliaga convocó a una movilización frente a la sede de la ONPE para "exigir transparencia" mientras el conteo seguía abierto. Ambos gestos comparten lógica: la presión pública se presenta como celo democrático, aunque el proceso que se vigila ya tiene sus propias etapas y su propia autoridad.

Lo que está en disputa son actas, no sospechas

Los números dan contexto. La ONPE envió a los JEE 1,866 actas observadas solo de Lima Metropolitana, pendientes por impugnaciones o pedidos de nulidad. A escala nacional eran 6,930 actas observadas, de las cuales los JEE ya habían emitido 2,402 pronunciamientos. El procedimiento existe y avanza: el JEE compara el acta cuestionada con el ejemplar de los miembros de mesa, puede ordenar un recuento y, si hay apelación, el caso sube al pleno del JNE como última instancia. Una cosa es fiscalizar que ese recorrido se cumpla; otra, insinuar que cada acta observada esconde un vicio. Sin prueba, la sospecha repetida no protege el voto: lo desgasta.

El costo de impugnar y el atajo que no es

Allison estimó que impugnar 500 actas cuesta "un cuarto de millón de soles", unos S/250,000 que asegura no tener. Ese es un argumento real de acceso a la justicia electoral: si litigar actas es caro, la defensa del voto se vuelve un privilegio. Pero de ahí no se sigue que el JEE deba sustituir la impugnación con una revisión "pulcra" por iniciativa propia. Son dos reclamos distintos mezclados en una sola frase, y esa mezcla es la que presiona. La ambigüedad se replica en la segunda vuelta: el personero de Avanza País presentó el 7 de octubre una solicitud formal al JNE para convocar a segunda vuelta en Lima, mientras el candidato dice que la considera razonable pero que no la está pidiendo. El partido pide; el candidato se distancia. El JNE debe resolver, entre tanto, con una autoridad que recibe pedidos por una vía y matices por otra.

Lo que el ciudadano necesita

Al final, esto no es un asunto de candidatos: es un asunto de quién gobernará Lima y con qué legitimidad. El vecino que paga su arbitrio y espera que la basura se recoja, la pista se repare y el sereno patrulle no necesita un espectáculo de sospechas, sino un resultado confiable y a tiempo. Una alcaldía metropolitana resuelta en medio de la duda permanente nace debilitada para cobrar tributos, firmar contratos y ejecutar obras. Por eso el JNE y los JEE no necesitan recomendaciones de los candidatos: necesitan plazos claros, resoluciones públicas y transparencia. Y los candidatos, menos presión y más prueba.