Pataz: el voto que gana en el epicentro de la minería ilegal

El conteo de la ONPE sigue en curso y sus resultados son virtuales, según el último reporte de Correo. En Pataz, el distrito con la tasa de homicidios más alta entre los cuatro que mide el Colectivo País Seguro, según La República, el resultado no se explica solo con números: se cruza con la geografía de la extracción ilegal de oro. Podemos Perú se encamina a quedarse con cinco distritos de la provincia, mientras una investigación avanza sobre redes de captación de trabajadores y presunta complicidad de agentes. La pregunta de fondo no es quién contó votos, sino quién gobernará allí donde el Estado no llega.

El mapa electoral se tiñe de oro

En Pataz, el voto se inclina hacia candidatos salidos del propio sector minero informal. En el distrito de Pataz, José Torrealva Yparraguirre obtiene el 67% de los votos, según el conteo virtual que reporta Correo. Torrealva preside AMA-Pataz, una de las asociaciones de mineros informales más influyentes de la zona, y, según Correo, se afilió a Podemos Perú en septiembre de 2024 junto a otros directivos del gremio; La República confirma que él y otros cuatro dirigentes de AMA-Pataz figuran como afiliados al partido. Fue alcalde distrital entre 2015 y 2018, informa Canal N. Gerencia Inversiones Daymart, que entre enero y agosto de 2024 transportó un aproximado de 25 toneladas de oro por un punto de control sin presencia de Sunat ni del Ministerio de Energía y Minas; la nota valora esas cargas en más de 4 millones de dólares, una cifra que no concuerda con el volumen reportado, de acuerdo con La República. Podemos Perú tendría además Pías, Huayo, Buldibuyo y Ongón, según Correo. En Madre de Dios, distrito, provincia y región serían liderados por autoridades impulsadas por Ahora Nación, según la misma nota.

La investigación corre en paralelo

Mientras se cuentan los votos, la investigación avanza sobre las redes que sostienen la extracción ilegal con personal reclutado y presunta colaboración de agentes. La organización atribuida a Edinson Fernández Pérez, alias Chili, habría reclutado a personas con experiencia militar y captado trabajadores con conocimientos mineros en La Pampa, según Correo. El 6 de octubre, un operativo en Inambari terminó con tres delincuentes abatidos, un policía fallecido y otro herido; la PNP incautó 15 fusiles de guerra y 5 granadas, según el Ministerio del Interior. En Pataz, un trabajador de Las Bambas fue detenido e investigado por presunta vinculación con la organización atribuida a Juan José Santisteban, alias Jota, reporta Correo.

Lo que está en juego para quien vive ahí

Detrás del mapa de ganadores hay un presupuesto, una fiscalización y una seguridad que se deciden en el municipio. En 2025, Pataz registró 294 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el informe del Colectivo País Seguro citado por La República; en los distritos con minería ilegal la violencia llega a superar hasta 45 veces el promedio nacional. En La Libertad se acumularon 1,625 denuncias por extorsión y 415 por minería ilegal, agrega la nota. Quien preside el municipio administra licencias, el acondicionamiento y uso del suelo y parte de la seguridad ciudadana local, según las competencias que la Ley Orgánica de Municipalidades asigna a los gobiernos locales en sus artículos 79 y 85: si el alcalde es a la vez dirigente minero en proceso de formalización, quien supervisa la actividad y quien la ejerce pueden ser la misma persona. Para el ciudadano eso se traduce en una seguridad que ya no se distingue de la economía que la financia, en una obra pública decidida entre intereses mineros y en un derecho al agua y al territorio que queda en manos del sector que más presiona sobre ellos.