Ocho clanes familiares en Arequipa: el nepotismo que el voto subnacional todavía no castiga
Al menos ocho grupos familiares postulan en bloque el 4 de octubre, repartidos entre el gobierno regional, la alcaldía y los distritos. La ley solo castiga el nepotismo en la contratación, no en las candidaturas, y el costo lo asume el ciudadano.
Por Qhawaq

La familia ya reemplazó al partido
En Arequipa, la política local se ordena hoy más por apellidos que por ideas. El reportaje de El Búho identifica al menos ocho grupos familiares postulando en bloque en la elección del 4 de octubre, repartidos entre el gobierno regional, la alcaldía provincial y los distritos. En Acción Popular, el excongresista Edwin Martínez Talavera postula al Gobierno Regional de Arequipa mientras sus hijos Fiorella y Yordan van como regidora provincial y regidor distrital de Mariano Melgar, su hermana Esperanza como consejera por Condesuyos y su sobrino Cristopher como regidor del mismo distrito: cinco parientes en una sola contienda. En Quequeña, José Palomino Aguilar, vacado cuando se probó que no cumplía el requisito de residencia, vuelve con sus dos hijas como primera regidora y accesitaria. Y en el clan Oscco, la hermana del empresario Hermess Oscco Polar, procesado por lavado de activos, ejerce la alcaldía alterna y postula a alcaldesa mientras su hija y su sobrina figuran en otras listas. No es una excepción: es un patrón.
La ley no mide ni frena el parentesco
El nepotismo que el ordenamiento peruano sanciona no es el de las candidaturas, sino el de la contratación. La Ley 26771 prohíbe a los funcionarios con facultad de nombramiento designar a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pero esa norma rige para empleos públicos, no para listas electorales. La Ley de Elecciones Municipales enumera los impedimentos para postular y el parentesco entre candidatos no aparece en ninguno de sus supuestos: un padre y una hija pueden compartir la misma papeleta sin infringir nada. Por eso los jurados electorales especiales carecen de herramienta para tachar estas fórmulas: no hay infracción que declarar.
Tampoco hay un indicador que lo capture. El Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) del IPE registra que 19 de las 25 regiones llegan a octubre con riesgo elevado de corrupción y mal uso de recursos, y que el 62% de las obras subnacionales está paralizado o abandonado. Pero ese índice pondera gestión, contrataciones y control, no la consanguinidad de las listas. Arequipa incluso figura entre las regiones mejor ubicadas del ranking: el problema que retrata el reportaje es anterior al mal uso del dinero y está en quién arma las listas cuando el partido es solo un cascarón.
El costo lo paga el ciudadano
Para el votante, esto no es sociología. Una lista familiar tiende a gobernar como tal: la alcaldía se reparte, las contrataciones se reparten y la fiscalización que debería controlar al alcalde la ejerce un pariente sentado en el concejo. El resultado es el que el propio IRIS describe: obras paralizadas, contratos sin competencia y una percepción de corrupción que no cede. El voto del 4 de octubre no decide solo quién gobierna Arequipa; decide si la administración de los próximos cuatro años será un servicio al distrito o un seguro de vida del clan. La norma no puede impedirlo; solo puede frenarlo un elector que reconozca los apellidos en la papeleta.