Ochenta y tres casos de violencia electoral: el JNE los cuenta, pero no protege a nadie

El JNE sabe cuántos son, pero se entera por la prensa

"Son 83 casos los que nosotros hemos podido informarnos, pero desde los medios de comunicación, especialmente", reveló Eugenia Fernán Zegarra Miranda, directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, al dar cuenta de las amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos. El balance llega en la recta final, de cara a la votación del domingo 4 de octubre, y con un ritmo que acelera: 23 de esos casos se presentaron en los últimos 9 días.

La respuesta del JNE es un manual, no un guardia

Frente a la escasez de efectivos, el organismo entregó un manual de seguridad para actores políticos, con lineamientos técnicos de carácter preventivo. La propia funcionaria dimensionó el hueco: hay más de 10,000 candidatos entre regionales y municipales y no hay suficientes efectivos policiales para garantizar el orden interno. Un documento orienta, no escolta. Entre contar 83 casos y proteger a las personas hay una distancia que ningún eslabón del Estado se hace cargo de cerrar.

Susy Aponte: denunció, y murió sin resguardo

El patrón se volvió concreto en Caraz. Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash por el Movimiento Regional Socios por Áncash, fue asesinada por la espalda durante una caminata proselitista, en un ataque que dejó cinco personas heridas. Había denunciado amenazas de muerte semanas antes en su programa. Aun así, la subprefecta de Huaylas informó que el movimiento no solicitó garantías y que la actividad se desarrollaba sin efectivos asignados. Las zonas más golpeadas son Lima, Lima Provincias, La Libertad, Áncash y Cajamarca, además de San Martín y Huancavelica, y entre las agrupaciones con candidatos afectados figuran APP, Somos Perú y Podemos Perú. El crimen no distingue siglas: administra territorio.

Qué significa para el ciudadano

Cuando el crimen decide qué candidaturas sobreviven, el elector ya no elige: vota entre quienes el miedo dejó llegar a la cédula. Eso se paga en seguridad y en bolsillo: una autoridad elegida bajo extorsión llega al cargo con deudas o con miedo, y las obras, los contratos y las decisiones locales quedan expuestos a quien apretó el gatillo. La protección no es un trámite que el candidato deba acertar a solicitar. Es la condición mínima para que el voto signifique algo.