Lo que los candidatos declaran gastar y lo que no: el financiamiento propio en la campaña subnacional

El dinero declarado no es el problema; lo es el origen

Vencido el plazo para la primera entrega de información financiera de las ERM 2026, la ONPE ya tiene sobre la mesa los números de los candidatos. Los desembolsos se concentran en pocas manos: José Millones, candidato a la alcaldía provincial de Sullana, declaró S/319,678.43 en gastos; Joaquín Ramírez reportó S/288,900 en Cajamarca; Stephen Ugarte, S/261,900 en Tacna. En Lima, Francis Allison encabeza con S/235,549.54.

La segunda lectura importa más que la primera. Millones declaró S/350,000 de ingresos en un único aporte en efectivo que salió de su propio bolsillo. En Tacna, Ugarte financió casi toda su campaña con un predio valorizado en S/258,300 cedido por un solo donante. En Cajamarca, los hermanos Ramírez sostuvieron buena parte de su campaña en especie: camionetas, polos y paneles. El financiamiento propio y en especie domina, y con él la pregunta de fondo: de dónde sale ese dinero y a quién quedará comprometido quien gobierne.

La fiscalización llega cuando la campaña ya se gastó

La rendición se presentó recién el 18 de setiembre, tras una prórroga de una semana, y cubre lo gastado entre el 7 de enero y el 5 de setiembre. La ONPE conoce los números cuando la publicidad ya está en la calle, las camionetas ya recorrieron los distritos y el voto está a días. La verificación del origen de un aporte es siempre posterior al gasto: se audita lo consumado, no lo que está por consumirse.

Que la fiscalización llega tarde no es una sospecha, es el diseño. El propio Millones sustentó S/148,350 de propaganda física con declaraciones juradas firmadas por él mismo. En Lima, ocho candidatos declararon cero gastos y cuatro no presentaron informe. Carlos Bruce declaró S/1,002,900 de ingresos, S/889,300 de ellos en especie: paneles, pantallas y vallas que valen lo que alguien declara que valen.

Las sanciones de 2026 confirman que el problema no es solo la demora. La ONPE multó a Fuerza Popular con S/198,000 y le recortó el 50% del financiamiento público por desviar S/143,037.52 de fondos estatales. El JNE ratificó contra Juntos por el Perú una multa de S/176,550 por 17 aportes no acreditados, 16 de ellos negados por los supuestos aportantes y uno a nombre de una persona fallecida. Y cuando la rendición llega tarde, la conclusión llega años después: la sanción a Juntos por el Perú corresponde a la campaña de 2021.

Lo que el vecino no ve: una autoridad que llega debiendo

Para quien vota en octubre esto no es un problema de papeles. Si un candidato financia su campaña con S/350,000 de su bolsillo o con camionetas prestadas por una empresa, el primer día de su gestión ya sabe a quién le debe. Ese endeudamiento no aparece en el informe financiero: aparece después, en la concesión de una obra, en un contrato de alquiler o en una orden de servicio. La plata de la campaña es la primera licitación que se define, y se define antes de jurar el cargo.

El ciudadano común no fiscaliza, vota. Por eso la trazabilidad del dinero tiene que estar resuelta antes del gasto, no después. Mientras la ONPE revise números de campañas ya terminadas, la rendición de cuentas será un trámite y no un control. El costo lo paga quien, dentro de cuatro años, descubre que su alcalde o su gobernador llegó al cargo debiendo favores que nunca se declararon.