La Oroya: lo que la Corte IDH ordenó de verdad y lo que el Estado sigue debiendo

El fallo no ordenó un hospital: ordenó un paquete con plazos

La discusión pública se quedó con la pieza más visible y perdió el resto de la sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó su fallo el 27 de noviembre de 2023 y lo notificó el 22 de marzo de 2024, declarando al Estado peruano responsable por las violaciones a los derechos de 80 habitantes de La Oroya. Lo que ordenó no fue una obra única: fue un paquete de reparaciones que va de la investigación y sanción de responsables a la remediación ambiental, la rehabilitación médica, las indemnizaciones a las 80 víctimas y las garantías de no repetición (PerúCheck en El Búho).

Ningún punto resolutivo manda construir un hospital ni menciona enfermedades de altura (PerúCheck en El Búho). El punto resolutivo 14 ordena tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico gratuito para las víctimas, con un plazo de seis meses; el punto 18 ordena que los habitantes con síntomas o enfermedades vinculadas a la contaminación cuenten con un sistema de atención médica especializada (PerúCheck en El Búho). Para el ambiente, el fallo exige un diagnóstico de línea base del aire, el agua y el suelo, con un plan de remediación (Servindi).

El cumplimiento se mide pieza por pieza, no por una foto de obra

A más de dos años de la notificación, el único avance reconocido, y aun así parcial, es la difusión del fallo. En febrero de 2025, la propia Corte calificó de "cumplimiento parcial" el avance del Perú, reducido a publicar y difundir la sentencia (Actualidad Ambiental). A un año del fallo, las organizaciones que patrocinan a las víctimas denunciaban que ninguna medida de fondo se había implementado (Servindi), y a octubre de 2026 el abogado de Aprodeh sostiene que el Estado "prácticamente no ha cumplido con ninguna de las medidas" (PerúCheck en El Búho).

El plazo de seis meses para la atención médica de las víctimas venció hace más de dos años. Mientras tanto, el complejo metalúrgico reactivó operaciones parciales el 16 de marzo de 2024 y los monitoreos del OEFA volvieron a registrar superaciones de los estándares de calidad del aire para dióxido de azufre (Actualidad Ambiental). La remediación no solo no avanza: el hecho que la originó sigue ocurriendo.

Lo que está en juego para quien vive en La Oroya

Detrás de cada plazo incumplido hay una familia que paga la salud de su bolsillo y respira el mismo aire. Para un habitante de La Oroya, la sentencia significa tres cosas concretas: atención especializada para quien carga metales pesados en el cuerpo, un suelo y un agua que dejen de intoxicar, y una indemnización que compense décadas de gasto en salud. Ninguna de las tres ha llegado de forma efectiva.

Mientras Junín define a su próximo gobierno regional, la pregunta no es qué candidato promete más obras, sino quién responde por lo que la Corte ya ordenó y sigue sin ejecutarse. La desinformación corre más rápido que el cumplimiento; la salud de La Oroya no puede esperar a que termine la campaña.