La descolmatación del río Piura avanza con resguardo policial: el sobrecosto de seguridad que ya paga toda obra pública

El Estado paga dos veces: la obra y su vigilancia

La decisión del Ministerio del Interior de reforzar el resguardo policial en la descolmatación del río Piura, en el tramo entre Los Ejidos y Bolognesi, no es una anécdota de coyuntura: es la constatación de que la extorsión ya se factura dentro del costo de la obra pública. El despliegue incluye a la Unidad de Emergencia, el Escuadrón Verde y la Comisaría de Los Algarrobos, que vigilan unos trabajos que ejecuta la Autoridad Nacional del Agua (Andina). El Estado termina pagando dos veces: una por remover el sedimento y otra por proteger a quienes lo remueven.

No es la primera vez que el río Piura paga cupo

El antecedente está en el mismo cauce. En 2017, el consorcio que descolmataba el tramo III del río Piura denunció una carta extorsiva que exigía 500,000 soles a cambio de "seguridad", acompañada de un cartucho de dinamita, en una obra adjudicada por más de 64 millones de soles (ComprasEstatales). Nueve años después, el patrón se repite: trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua denunciaron amenazas de sujetos armados durante la descolmatación (ComprasEstatales). En fiscalización, el diputado por Piura Miguel Huamán constató que los sujetos fotografiaron la zona, mostraron armas de fuego y las labores quedaron paralizadas (Congreso). La obra que debía prevenir un desborde quedó detenida no por el río, sino por el crimen.

La extorsión es un impuesto sobre el gasto público

El fenómeno no se limita a Piura. En La Libertad, la organización criminal Los Pulpos exigió 500,000 soles para no atentar contra los trabajadores de una obra valorizada en más de 161 millones de soles (ComprasEstatales). Y en el propio río Piura, las amenazas no solo buscan cupo: detrás estaría la venta ilegal del material extraído, que dejaría a las mafias hasta 400 soles por volquete (ComprasEstatales). El costo agregado es enorme: el Consejo Privado de Competitividad estima que la criminalidad le cuesta al país más de 6,000 millones de soles anuales, cerca del 3% del PBI, mientras las denuncias por extorsión pasaron de 190,000 en 2019 a 344,000 en lo que va de 2025 (Canal N).

Proteger obras con una policía que se quedó sin brazos

El problema es que esta vigilancia se improvisa. El personal policial asignado a la protección de obras civiles pasó de 200 efectivos en 2015 a menos de 10, según el Informe Económico de la Construcción n.º 80 de CAPECO, de agosto de 2024 (CAPECO). Con una dependencia especializada casi vacía, cada amenaza obliga a distraer unidades de emergencia y comisarías que deberían atender otros delitos: el Estado paga esa factura sin medirla.

Quién paga la factura

Esa factura la paga el ciudadano dos veces. Primero con sus impuestos, que financian la obra y ahora también su vigilancia. Segundo con su seguridad: cada policía destinado a custodiar una retroexcavadora es un policía que no patrulla una calle. Y si la descolmatación se atrasa, quien vive aguas abajo espera las lluvias con el río sin limpiar y la amenaza de un desborde. Que el crimen decida qué obra avanza y cuál se detiene es, en los hechos, entregarle a una banda la administración del riesgo de miles de familias. Ese es el verdadero sobrecosto.