La censura contra Astudillo y el ritual parlamentario que no devuelve vidas

Un asesinato que la censura ya no alcanza a evitar

La idea fuerza es simple: la censura llega después del hecho, no antes. Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, denunció amenazas contra su vida y días después fue asesinada a balazos en Caraz, en plena actividad proselitista, según reconstruye RPP. Ese es el dato que ordena todo lo demás: entre la denuncia y el disparo hubo un vacío que ninguna interpelación ni censura puede rellenar. El mismo día en que Juntos por el Perú anunció la moción contra el ministro César Astudillo, el Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días contra los dos presuntos implicados, investigados por sicariato, y señaló que el arma era una pistola de un suboficial reportada como robada desde 2023, según La República. El Estado reaccionó con detenciones y con una reasignación en la Dirincri, no con una protección que llegara a tiempo.

Cambiar de ministro no cambió las cifras

La censura se presenta como exigencia de resultados, pero el historial la desmiente como mecanismo de cambio. En los últimos dos años, el Congreso ya censuró a dos titulares del Interior: Vicente Romero en noviembre de 2023, con 75 votos a favor según TVPerú, y Juan José Santiváñez en marzo de 2025, con 78 votos a favor según France24. Sin embargo, la tasa de homicidios siguió subiendo: de 9.3 por cada 100,000 habitantes en 2023 pasó a 10.1 en 2024 y a 10.7 en 2025, según el INEI INEI. Se cambió al funcionario y la cadena que falla siguió intacta.

El ritual censura, pero no repara la cadena

Una moción de censura mide votos y mensajes, no protecciones. El ministro ya había respondido un pliego de 27 preguntas en una interpelación que terminó en sesión reservada, sin acceso público, según Canal N. Ahora se le exige salir. La pregunta que nadie responde es qué debió pasar entre la denuncia de amenazas y el ataque: quién debía activar una ruta de protección, en qué plazo y por qué no se activó. Censurar al titular puede ser un control político legítimo, pero no reconstruye ese eslabón: solo demuestra que el Congreso sabe castigar después de la tragedia.

Lo que está en juego para quien denuncia

Para el ciudadano, el desenlace de esta censura no devuelve la vida de Susy Aponte Polo ni le garantiza a la próxima persona amenazada una respuesta antes del ataque. Lo que se discute es si denunciar seguirá equivaliendo a firmar una sentencia de muerte, como advirtió la propia bancada que impulsa la moción, citada por RPP. Mientras la protección preventiva dependa de la voluntad de un ministro y no de un protocolo que se active por sí solo, la censura será un gesto: un cambio de nombre en la silla, no un cambio en la cadena que decidió entre la amenaza y el disparo.