IGV de 8% permanente para tres actividades: la rebaja que se debate sin costo fiscal a la vista
El proyecto N.° 597 de Fuerza Popular busca volver permanente la tasa reducida para restaurantes, hoteles y hospedajes, sin publicar cuánto deja de recaudar el Estado ni a quién beneficia.
Por Qhawaq

Una excepción pandémica que ahora se quiere volver permanente
La rebaja del IGV a 8% nació en 2022 como una medida temporal de reactivación tras la pandemia, y cubrió a restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarias de alimentos (La República). El proyecto de ley N.° 597, presentado por la diputada Rosangella Barbarán de Fuerza Popular, busca ahora hacerla permanente para las micro y pequeñas empresas de restaurantes, hoteles y hospedajes turísticos, definidas como aquellas con ventas anuales de hasta 1,700 UIT, unos S/9.3 millones. Según la cronología de la propia norma, la tasa debía subir a 12% en 2027 y volver a 18% en 2028 (Gestión). Lo que el Congreso empieza a debatir es, en los hechos, si una excepción pensada para una emergencia se convierte en regla de largo plazo sin pasar por una evaluación técnica.
El costo que no está sobre la mesa
Toda rebaja de IGV es una renuncia de ingresos que alguien deja de pagar y el Estado deja de recaudar. El Ministerio de Economía y Finanzas ya puso números a esta medida: cuando se aprobó en 2022, calculó un costo fiscal de S/690 millones. Luego, el propio ministro José Arista señaló que la tasa reducida cuesta al país unos S/800 millones al año, sin que se haya visto una baja en el precio de los menús ni de las atenciones. Cuánto dejaría de recaudar la versión permanente del proyecto N.° 597 es un dato no verificable con las fuentes disponibles.
¿A quién beneficia la rebaja, si no es al consumidor?
Los especialistas citados por la prensa coinciden en un punto incómodo. El tributarista Jorge Picón sostiene que la rebaja no se tradujo en precios más bajos para el comensal: el margen se quedó en el local, no en el bolsillo del cliente (Gestión). El economista Luis Miguel Castilla añade que la medida se originó por grupos de interés y que benefició a pocas empresas formales, porque la mayoría de los afectados del sector son informales y no pagan IGV (Gestión). Incluso el vocero gremial de los restaurantes calcula que el 85% de los negocios del país son informales. Si la base real de contribuyentes beneficiados es estrecha, la pregunta no es si el sector lo necesita, sino si una renuncia fiscal permanente es el instrumento correcto para formalizarlo.
La materia tributaria vuelve por la puerta del oficialismo
La coincidencia de tiempos es reveladora. El Ejecutivo pidió delegación de facultades en ocho materias, y la fórmula que aprobó la mayoría de la Comisión de Constitución dejó el encargo acotado a 90 días para seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño, fuera de las reformas económicas generales (El Búho). Sin embargo, Fuerza Popular añadió nueve puntos al dictamen; el punto 9 reincorpora ejes complementarios que habían sido archivados, como el fortalecimiento de las mypes, la promoción del empleo, el desarrollo productivo y las modificaciones al régimen tributario (El Búho). La materia tributaria no quedó fuera del encargo: volvió a entrar por la propia bancada de gobierno, justo cuando esa bancada impulsa una rebaja tributaria permanente para un sector puntual. Castilla recuerda que cada tres años debe evaluarse la permanencia de todo beneficio tributario con un análisis de costo beneficio (Gestión). Hacerlo permanente sin ese examen equivale a sustituir la técnica fiscal por la disciplina de bancada.
Lo que esto significa para el ciudadano
El ciudadano común no vio su menú más barato con la tasa de 8%; lo que sí se reduce es la caja con la que el Estado financia hospitales, escuelas, comisarías y obras frente a un fenómeno de El Niño inminente. Cada S/800 millones que se renuncia cada año es un margen menos para responder a la emergencia que el propio Congreso autorizó atender. Nadie discute el alivio a un sector golpeado; lo que falta es que la factura se publique, se debata y se rinda cuentas de a quién llega el beneficio. Una rebaja permanente de IGV no es un gesto sectorial: es política fiscal de largo plazo, y merece más que un trámite de bancada.