Facultades por 120 días: la urgencia es real, la amplitud es el problema
El Ejecutivo pide legislar por decreto en siete materias, de la seguridad a los feriados. Las cifras que invoca son ciertas; el riesgo es que un paquete tan ancho esquive el debate del Congreso recién estrenado.
Por Qhawaq
La urgencia que invoca el gobierno es real
El pedido no parte de la nada. En su sustento, el Ejecutivo cita cifras que describen una crisis: una tasa de homicidios de 10.7 por cada 100,000 habitantes en 2025, más de 25,000 denuncias por extorsión ese año, una percepción de inseguridad de 84.2% entre los mayores de 15 años y una informalidad laboral de 70.2% de la población ocupada (Infobae). Sobre esa base, el gobierno de Keiko Fujimori pide al Congreso delegarle la facultad de legislar por decreto durante 120 días calendario (La República). Hasta ahí, el diagnóstico es difícil de discutir.
Pero el pedido abarca casi todo
El problema es el ancho del cheque. Las facultades no se piden para un frente, sino para siete: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, promoción de las mypes, empleo y protección social, simplificación administrativa, desarrollo productivo, materia tributaria y aduanera, y reforma y modernización del Estado (Infobae). Un paquete que va del crimen a los impuestos y de las mypes a la organización del Estado no es una intervención puntual sobre una emergencia: es una porción grande de la política pública trasladada del debate parlamentario al decreto. Y llega en el estreno del Congreso bicameral, cuyo trámite debe pasar primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, con comisiones que aún se forman, por lo que la decisión podría conocerse recién entre mediados y fines de septiembre (Infobae).
Del sistema penal a los feriados, por decreto
Dentro de ese paquete hay medidas de fondo. El proyecto propone la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en apoyo al sistema penitenciario, que hoy alberga a 103,757 personas en 69 penales, y racionalizar los feriados no laborables, con el argumento de que el país acumula 16 feriados nacionales que restan productividad (Infobae). Que los militares entren a apoyar en las cárceles o que cambie el calendario de feriados son decisiones con consecuencias directas; bajo facultades se resolverían por decreto, sin la deliberación pública de una ley discutida en el pleno.
Qué significa para el ciudadano
Delegar facultades no debería ser firmar un cheque en blanco. Cada decreto que salga de estos 120 días tendrá fuerza de ley y tocará cosas concretas: cómo se combate el crimen, quién apoya en las cárceles, cuántos feriados tiene el año, qué reglas rigen para una mype o para un contribuyente. El ciudadano no estará en esa negociación ni verá el debate: conocerá el resultado cuando el decreto ya esté publicado. La eficiencia que promete la delegación es real, y la urgencia también; pero cuando el Ejecutivo legisla sobre casi todo, el Congreso que debía vigilarlo se limita a autorizar, y se pierde el único espacio donde esas decisiones se discuten a la luz.