Extorsión contra la obra pública: un explosivo que ahora factura al presupuesto

La noche del sábado, un artefacto explosivo y una nota extorsiva aparecieron en los exteriores de la obra donde se levanta la nueva sede del Gobierno Regional de La Libertad, en la urbanización Santa Inés de Trujillo. El mensaje, firmado en nombre de Los Pulpos, exigía S/500,000 a los ingenieros y gerentes del proyecto y dejaba un número con código telefónico de Colombia; la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) retiró y neutralizó el material La República. No es una anécdota más de inseguridad: es la señal de que la extorsión dejó de cobrarle solo al comercio y al transportista y empezó a facturarle al Estado.

Un delito que ahora descuenta del presupuesto

La obra amenazada cuesta S/161.28 millones, suma que partió de un contrato firmado en abril de 2024 por S/152.26 millones y creció con adicionales; de ese total ya se han desembolsado más de S/102 millones hasta setiembre: S/66.11 millones pagados en 2024, S/31.67 millones en 2025 y S/4.91 millones proyectados para 2026, con culminación prevista para 2030 La República. Cuando los extorsionadores piden S/500,000 no se los descuentan a un empresario: es plata que el Gobierno Regional administra con recursos públicos. La extorsión se comporta como un impuesto informal a la inversión, pero un impuesto que no construye nada y que se cobra con amenaza de dinamita.

Un sobrecosto estructural, no un caso aislado

El sector lo viene diciendo con números. Según Capeco, los delitos vinculados a la construcción generan pérdidas equivalentes al 2% del PBI del rubro, que podrían superar los S/1,000 millones anuales, y el gremio recuerda que la construcción sufre extorsiones desde hace más de dos décadas; además identifica más de 1,300 falsos sindicatos que operan como fachada para imponer cupos y condicionar obras Gestión. No es un desborde puntual de Trujillo: es una capa de costo que ya está incorporada al precio de levantar un colegio, un hospital o una sede regional.

La métrica del Estado mide lo equivocado

La amenaza llegó en la misma semana en que se presentó una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, sustentada entre otras cosas en los 1,499 homicidios registrados hasta agosto según el Sinadef Panamericana. Casi en paralelo, el Mininter informó que desde el 29 de julio se desarticularon 1,693 bandas criminales y 20 organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato y la trata de personas, entre otros delitos Mininter. El contraste es la noticia: el Estado cuenta detenidos y bandas desarticuladas, pero no mide cuánto le cuesta a la inversión pública la extorsión que sobrevive a cada operativo. La Contraloría, por su lado, contabilizó en enero 83 obras paralizadas solo en La Libertad Contraloría, una región donde una obra de S/161.28 millones ahora necesita, además de expediente técnico, resguardo frente a una bomba.

Lo que esto significa para el bolsillo

El ciudadano no ve la dinamita ni la nota extorsiva, pero sí la factura. Cada sol que se desvía a seguridad, a replantear una obra o a pagar un cupo es un sol que no llega a la sala de operaciones de un hospital ni a la carpeta de un aula. Cuando una sede regional de S/161.28 millones queda bajo amenaza, el sobrecosto no lo absorbe el contratista: se diluye en plazos más largos, obras más caras y servicios que llegan tarde. La extorsión a la obra pública es, en última instancia, un impuesto que pagamos todos sin haberlo votado.