El voto bajo amenaza: la extorsión entra a la campaña subnacional

La campaña ya no se juega solo en la calle

La extorsión dejó de golpear solo al comercio y ahora negocia con la oferta electoral. El candidato a la alcaldía de Veintiséis de Octubre, en Piura, Percy Fiestas Aquino, denunció que recibió un video amenazante en el celular de su madre: un sujeto exhibe un arma, menciona detalles de su entorno personal y le exige pagos mensuales a cambio de no atentar contra su vida RPP. El distrito no es un punto cualquiera del mapa: el 21 de mayo de 2026, su alcalde en funciones, Víctor Hugo Febre Calle, fue asesinado por sicarios en la misma jurisdicción RPP. Cuando la extorsión alcanza a un candidato, ya no amenaza a una persona: amenaza la oferta electoral de un distrito entero.

El Estado ve el problema, pero no llega a protegerlo

El caso no es aislado. El Jurado Nacional de Elecciones contabilizó 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos según su registro a fines de septiembre, 23 de ellos solo en los últimos nueve días JNE. El propio JNE puso a disposición un "Manual de seguridad para actores políticos en los procesos electorales", pero reconoce un límite incómodo: no hay suficientes efectivos policiales para salvaguardar la integridad de los más de 89,000 candidatos que compiten JNE. Traducido: el protocolo existe, pero la protección efectiva se descarga en la autoprotección de cada postulante. En La Libertad, nueve candidatos denunciaron amenazas, extorsiones o ataques entre agosto y septiembre, con exigencias de S/50,000, S/20,000 o pagos mensuales, un cartucho de dinamita dejado en la puerta de una casa y advertencias contra las familias RPP.

Cada retiro silencioso es una opción que desaparece

A 11 días de la votación, un conteo de prensa registraba 55 candidatos con denuncias de extorsión; los delincuentes piden abandonar la candidatura o pagar, y las amenazas alcanzan a los familiares ATV. El extremo más grave lo marcó la candidata conocida como "La China Polo", asesinada después de haber denunciado amenazas de muerte ATV. No hace falta que todos los casos terminen en sangre: basta con que un candidato pague o se retire en silencio para que el crimen decida quién compite y quién no. Una elección con la cancha condicionada produce autoridades que llegan al cargo con una deuda o con miedo, y distritos donde ciertos nombres nunca llegan a la papeleta.

Lo que se juega el vecino

El ciudadano no vota solo entre candidatos: vota entre opciones que el miedo dejó disponibles. Si el crimen organizado decide qué candidaturas sobreviven, la seguridad deja de ser un servicio del municipio y pasa a ser la moneda con la que se negocia a la autoridad local. Para el vecino de Veintiséis de Octubre o de La Esperanza, eso significa menos alternativas en la cédula, una gestión municipal que puede arrancar capturada y el mismo chantaje que ya golpea al comercio trasladado a la política. El voto libre empieza mucho antes de la urna: empieza con candidatos que puedan hacer campaña sin pagar por su vida.