El textil en emergencia: un alivio para la empresa formal, un silencio sobre el empleo informal

La emergencia es un paraguas financiero, no un cambio de reglas

El 1 de octubre el Gobierno declaró en emergencia al sector textil y confecciones por 120 días calendario, mediante el Decreto Supremo 014-2026-Produce. Leída con calma, la norma es sobre todo un alivio financiero y de acceso al Estado: Produce lanzará un programa temporal de garantía crediticia, asistencia técnica y ruedas de compras públicas. El plan de reactivación deberá aprobarse en un máximo de 15 días hábiles con cuatro ejes: financiamiento, capacidades, compras públicas para las MYPE y apertura de mercados. Ninguno de esos ejes incluye salvaguardias, aranceles ni cambios tributarios frente a la competencia importada: quien compite hoy contra la prenda importada seguirá compitiendo bajo las mismas reglas.

Una caída que justifica la urgencia

La alarma no es gratuita. Entre enero y julio de 2026 la producción del sector se contrajo 9.9% y la utilización de la capacidad instalada cayó a 58.4%. El deterioro viene de atrás: entre 2018 y 2025 el valor agregado bajó de S/5,765 millones a S/5,482 millones, la productividad laboral retrocedió 4.6% y la producción de algodón se desplomó 53%. En 2025 el sector representó cerca del 0.9% del PBI nacional, sostuvo más de 411 mil empleos directos y reunió a más de 47 mil empresas formales, de las cuales el 99.4% son MYPE.

El dato que el decreto no responde

El punto ciego es el empleo. El observatorio Produce Empresarial estima que el 77.5% de los ocupados del sector trabajaba en la informalidad en 2024: casi ocho de cada diez puestos. Una garantía crediticia llega a la empresa formal; el trabajador sin planilla no recibe crédito, no participa de la licitación y no tiene seguro ni CTS que lo sostengan si la máquina se detiene. Cuando venzan los 120 días, la estructura del empleo será la misma que antes de la emergencia.

Qué significa para quien cose y plancha

Para el trabajador de un taller en Gamarra o de la periferia, la emergencia no se traduce en derechos: si la MYPE no accede al crédito o no gana la compra pública, el primero en perder horas es quien trabaja sin contrato. Para el ciudadano que compra ropa, tampoco cambia la ecuación de fondo: sin política industrial y sin defensa frente a la importación, la prenda nacional seguirá perdiendo terreno y, con ella, el empleo que la produce. Declarar la emergencia es encender la alarma; la pregunta que queda abierta es si alguien planea apagar el fuego cuando se cumpla el plazo.